El periodista José María Lamorte respondió a mi cuestionario sobre balances y retos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el kirchnerismo y en el próximo Gobierno nacional.
Editor del periódico digital Bloggers Report, Lamorte es uno de los primeros periodistas especializados en TIC en la Argentina, con más de 20 años de cobertura en estas tecnologías.
-¿Qué balance hace de la gestión y las políticas de las administraciones Kirchner iniciadas en 2003 en relación a las TIC?
-Aunque hay matices que merecen señalarse, durante estos 12 años el desarrollo en la Argentina estuvo signado más por la inercia propia de la evolución tecnológica y las necesidades del mercado que por la implementación de políticas de Estado.
Así, se mantiene como el país con mayor penetración de Internet en la región y en cantidad de líneas móviles, pero esos números no se reflejaron en crecimiento de infraestructura de telecomunicaciones, ni en una reducción significativa de la brecha digital.
La oportunidad que se abrió a principios de la gestión Kirchner con la sanción de la ley de software que equiparó a la industria con otras como la automotriz y abría una ventana para el desarrollo y exportación de servicios informáticos, se diluyó en el tiempo a causa de los vaivenes económicos y las dificultades de los desarrolladores locales para exportar servicios producto de las políticas implementadas.
Algunas políticas, como la creación de un área de ciencia y tecnología que le dio un fuerte impulso al Conicet, fueron exitosas.
Otras, como la distribución de netbooks en escuelas no se tradujeron en capacitación para docentes ni en mayor infraestructura escolar, y no refleja que haya habido un impacto positivo en el nivel de educación de los alumnos.
En materia regulatoria, no se avanzó prácticamente en nada respecto de la desregulación de las telecomunicaciones en 2000, que sigue pendiente.
Durante estos 12 años imperó el “status quo” entre operadores y Estado.
Así, se hizo evidente la falta de inversión en infraestructura móvil, la competencia de mercado se estancó, y la Argentina que supo ser líder regional en desarrollo de telefonía móvil y el primero de la región en licitar PSC, fue el último en licitar frecuencias 4G a fines de 2014.
Uno de los grandes proyectos de esta gestión fue la creación de una empresa nacional Arsat, que inicialmente estaba pensada como fideicomiso pero que finalmente fue financiada con fondos públicos.
Es la que se ocupó del desarrollo de un tendido de fibra óptica y el lanzamiento de los satélites Arsat.
Visto en perspectiva, dos grandes proyectos, muy costosos y de utilidad y rentabilidad incomprobable hasta el momento.
-¿Cuáles son los desafíos relacionados a las TIC que enfrentará el próximo Gobierno nacional?
-Si se entiende a las TIC como la puerta de acceso a la sociedad del conocimiento y para reducir la brecha digital, hay mucho por hacer.
Uno de los principales desafíos será concebir el desarrollo de las TIC como política de Estado y generar las herramientas necesarias para integrarlas a las economías regionales, desarrollar infraestructura en todo el país -y no sólo en las de mayor densidad de habitantes-, acelerar la educación digital para acortar la brecha rápidamente en las nuevas generaciones y facilitar su inclusión social en la economía productiva.
-¿Qué debería hacer el próximo Gobierno nacional para aprovechar –en favor del desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento– la infraestructura y la legislación (Argentina Conectada, Conectar Igualdad, satélite Arsat 1, ley Argentina Digital, leyes de promoción del software) en relación a las TIC registradas en esta última década?
-Es evidente que ninguno de esas iniciativas logró su objetivo debido a la falta de integración de las distintas áreas del Gobierno nacional.
Hay un marco regulatorio vigente que establece las leyes y fija las pautas para que todas las iniciativas que dan vueltas por los distintos organismos y ministerios tomen forma de política de Estado.
-¿Qué políticas debería desarrollar el próximo Gobierno Nacional en relación a los datos abiertos en el Estado?
-La falta de transparencia en la gestión pública ha sido una marca registrada de esta gestión.
En principio el próximo Gobierno tiene la obligación de cumplir con la ley de acceso a la información pública (1172/2003).
Por otro lado, hay un organismo que depende de la Jefatura de Gabinete que es la ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de Información) encargada de implementar las estrategias de innovación informática en la administración pública.
-¿En cuáles áreas debería enfocar el próximo Gobierno nacional sus programas de I+D+i (investigación+desarrollo+innovación)?
-No se puede pensar en impulsar una estrategia seria de I+D+i sin involucrar a todas las áreas de Gobierno y fijar una política de Estado transversal que las abarque.
Si la Argentina sigue las recomendaciones de organismos como la UIT y la Unesco, la sociedad del conocimiento implica transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable de los países.
-A partir del programa Conectar Igualdad, ¿cómo debería integrar el próximo Gobierno nacional a las TIC en las políticas de educación general?
-El modelo que se intentó seguir en un primer momento es el implementado en la provincia de San Luis.
Si se retoma la idea, habría que apuntalar la entrega de equipamiento con infraestructura, capacitación, apoyo económico, asistencia social y un sistema de evaluación que permita medir la evolución del programa.
-¿Qué debería hacer el próximo Gobierno nacional en relación a los beneficios fiscales para la fabricación de productos TIC en Tierra del Fuego?
–Tierra del Fuego terminó siendo un centro de ensamble para que se beneficien unas pocas empresas con la desgravación de impuestos.
Lo que demuestra esa experiencia es que no todos los productos pueden producirse a nivel local porque no hay suficiente economía de escala.
Y deja en evidencia que no alcanza con la exención impositiva para impulsar la industria si no va acompañado de políticas que faciliten la productividad en las economías regionales y sobre todo la competitividad internacional.
-¿Qué alternativas podría adoptar el próximo Gobierno nacional para financiar a los negocios iniciales (“startups”) y el crecimiento de las empresas?
-El sector privado demostró con la creación de incubadoras y el financiamiento de «startups» que la Argentina tiene gran potencial para el emprendedorismo.
Deberían instrumentarse iniciativas para que la incubación de empresas sea una política de Estado, y se puedan aprovechar las oportunidades que ofrece actualmente el resto del mundo.
Si algo demostró el emprendedor argentino es su capacidad de adaptarse a los entornos económicos más difíciles.
La función del Estado es darles herramientas para aprovechar esas oportunidades.
Puedes leer las respuestas de otros entrevistados aquí.
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