La crisis política en Brasil por la cual la presidenta Dilma Rousseff fue suspendida en su cargo el 12 de mayo tiene un gran ausente: el pueblo, cuya opinión no fue consultada en todo este proceso de «impeachment«.
Esa es la principal conclusión de un ministro del Tribunal Federal Supremo de este país, Joaquim Barbosa.
Escuché a este juez retirado el 12 de mayo en la ciudad de Sao Paulo, a pocas horas de la aprobación del «impeachment» en el Senado contra la mandataria.
Barbosa (en la foto) habló en el marco de las conferencias Vtex Day 2016, que organiza la empresa informática Vtex, una firma brasileña dedicada a procesos de comercio electrónico.
Uno de los recintos donde se hace habitualmente la famosa Feria Bienal de Arte de Sao Paulo estuvo cubierto por ejecutivos de compañías informáticas, empresarios, analistas y periodistas, ansiosos por escuchar al ex ministro judicial.
Barbosa, de 61 años, había sido invitado por los organizadores de las conferencias hace casi un año.
Pocas semanas atrás, cuando ya se sabía que el día previo a su exposición, el Senado votaría el «impeachment» contra Rousseff, el juez retirado fue consultado por si prefería excusarse del compromiso, pero Barbosa ratificó que iba a hablar sobre el conflicto que conmueve a las instituciones del mayor país sudamericano.
Didáctico y con una serena firmeza a la hora de expresas sus convicciones, irónico algunas veces y con una invitación permanente a reflexionar sobre política, el ex magistrado criticó los procesos llevados a cabo en el Parlamento contra la Presidenta suspendida.
Para Barbosa, se tomaron estas decisiones sin tener en consideración la opinión de la población.
«¿Cómo explicar al mundo un intercambio de mandos tan espectacular? Sin matices, sólo con la imagen de normalidad, como la que está ocurriendo hoy en día. ¿Cómo explicar al mundo un cambio tan brutal y sin considerar a los más interesados en él, a la gente? Incluso no fue contemplada como participante en este debate», dijo Barbosa en la mayor feria del comercio electrónico en América latina en uno de los salones rodeados por el hermoso parque Ibirapuera, en el sur de la capital paulista.
Durante los 180 días que Rousseff, de 68 años, estará suspendida, el vicepresidente Michel Temer, de 75 años, estará a cargo del Poder Ejecutivo en este período.
Si Rousseff es finalmente destituida por el Senado, Temer podrá completar los algo más de dos años que le quedan de mandato a la Presidenta, al frente de un país polarizado y en recesión, con una caída del producto bruto interno (PBI) prevista para este año en 3,8%, igual que en 2015.
En estos seis meses los senadores discutirán si Rousseff cometió un «crimen de responsabilidad» hacia la República al alterar las cuentas públicas para equilibrar los balances presupuestarios a partir del pedido de dinero a grandes bancos públicos.
Una posterior votación, que se celebrará probablemente en octubre, decidirá el destino final de Rousseff.
Para entonces serán necesarios dos tercios, esto es, 54 senadores.
El poder, automática y plenamente, pasó a las manos de Temer, hasta hace un mes y medio aliado político de Rousseff y ahora su peor enemigo y, en palabras de ella misma, “el padre de los conspiradores”.
Rousseff no será juzgada por los casos de corrupción política y empresarial que destruyeron la reputación del país ante su propia ciudadanía y ante la opinión pública internacional.
Las autoridades judiciales no encontraron pruebas que permitan encausar por esos graves delitos a la desde el jueves suspendida Presidenta.
«Es extraño que la gente ve de nuevo, como ocurrió en el siglo 19, lo que los políticos están perpetrando en nuestro país. ¿Dónde están las voces de la gente?», dijo en su charla Barbosa, elegido en 2013 por la revista estadounidense Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.
Temer asumió el 12 de mayo la presidencia interina del país sin haber recibido un solo voto, una tradición entre los miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que en los últimos 50 años consiguieron gobernar tres veces el país sin haber ganado una sola elección presidencial.
La llegada del PMDB en alianza con el derechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) también fue objeto de críticas por parte de Barbosa.
«Van a estar a cargo de nuestro país a partir de ahora dos grupos muy especiales de los operadores políticos», dijo en referencia a estas dos partes este jurista, quien fue el primer integrante negro del máximo tribunal brasileño.
«El primer grupo en estos 30 años de vida democrática nunca logró elegir a un Presidente. Este grupo tendrá ahora la presidencia», señaló en referencia a Temer.
«El segundo grupo de operadores políticos estará completando, dentro de los plazos constitucionales previstos para las próximas elecciones (en 2018), unos 20 años sin ganar una elección, sin el sabor de la victoria».
«¿Cómo se explica esta anomalía? ¿Por qué nuestros académicos, nuestros intelectuales y nuestros medios de comunicación han evitado este debate en particular?», interpeló el juez retirado.
Barbosa, quien se retiró de su cargo de ministro del alto tribunal en 2014, para el cual había sido nombrado en 2003 durante el mandato del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, también dijo lo siguiente:
«Es muy probable que lleguemos a grandes niveles de ilegitimidad política».
«No creo que este ‘impeachment’ vaya a erradicar la corrupción en Brasil».
«Brasil tiene mucha gente rica pero no élites».
Barbosa afirmó que es «radicalmente favorable» para llamar a nuevas elecciones para Presidente.
«Esa es la verdadera solución. La solución que eliminaría toda esta anomalía, este malestar con el que vamos a tener que vivir en los próximos dos años y ocho meses. Dando voz a la gente», argumentó.
El ministro retirado reconoció, sin embargo, que la medida tiene impedimentos constitucionales.
La única manera para aplicarla hubiera sido por la renuncia de Rousseff, quien fue reelecta por 54 millones de votos, y de su vice.
Pese a sus críticas al proceso de «impeachment» y a los grupos políticos que tomaron el poder, Barbosa también atribuyó parte de la culpa de la inestabilidad política a la propia Rousseff.
«La presidenta Dilma Rousseff no sabía cómo dirigir el país. No sabía ejercer el liderazgo que se espera de un jefe de Estado de esta magnitud. Actuó descartando a su grupo político y a sus aliados ocasionales. No sabía cómo comunicarse con la nación. Ha tomado malas decisiones y cometió errores imperdonables», reconoció.
Para este ex ministro judicial de alto rango, Rousseff no sabía cómo hacer frente a la corrupción.
«La Presidenta no combatió abiertamente los segmentos corruptos existentes en su base de gobierno, el partido y el apoyo. Lo omitió, se quedó en silencio, era ambigua. No fue capaz de dar un paso atrás desde el entorno nocivo que la rodeaba. No sabía ejercer el mando y, finalmente, quedó absorbida por estas personas», describió.
«Sé muy bien que la Presidenta de la República, que se fue de su oficina el día de hoy, es extremadamente impopular. Sé que hay un sentimiento general a favor de su partida. Mi preocupación se centra en los aspectos estructurales de nuestras instituciones», reflexionó.
Entre los problemas que dieron origen a la crisis política, Barbosa señaló que el tipo de la relación que se establece a menudo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en Brasil, que genera una «promiscuidad por la que la Presidenta entregó sectores enteros de la administración a los líderes en el Congreso para que estos líderes organicen robos de los recursos públicos. Nada de esto está previsto en la Constitución».
Barbosa cree que la destitución de Rousseff servirá a intereses espurios.
«Ellos quieren tomar el poder a cualquier precio para mantener sus malas prácticas. Eso es lo que está en juego», advirtió.
«Tengo serias dudas sobre la integridad y adecuación de esta destitución», agregó.
Para este ex ministro judicial, «hay un problema muy grave de proporcionalidad», ya que las maniobras contables y fiscales similares a las realizadas por el Gobierno federal, y por las cuales fue suspendida Rousseff, son comunes en otras esferas ejecutivas del Estado, y en los estados federales (provincias, en la Argentina).
Barbosa también hizo hincapié en que los méritos de la acusación no fueron validados por el Tribunal Supremo, ya que, de acuerdo con él, algunos tratan de hacer que parezca eso.
«Lo que el Tribunal Supremo ha hecho es ejercer un control moderado del procedimiento y los trámites del proceso. El Supremo no examinó, no se puede examinar y probablemente no conocerá el fondo de la acusación» contra Rousseff, apuntó.
