El presidente Mauricio Macri tiene un proyecto de ley predilecto con el cual quiere marcar “un antes y un después” en la política: la reforma electoral que incluye el sistema de boleta única digital, más conocido como «voto electrónico».
Con esa plataforma informática, en el oficialismo creen que competirán con más chances en los comicios de medio término, fundamentales para consolidar la segunda mitad de su gestión y así llegar a 2019 con posibilidades de intentar la reelección del jefe de Estado, una chance admitida por el propio Macri en las últimas semanas.
Sin embargo, la iniciativa, que busca cortar, desde la óptica del Gobierno nacional, el sistema de clientelismo electoral que fundamenta el poder territorial del peronismo, corre el peligro de terminar como la reforma sindical que intentó sancionar el alfonsinismo en 1984, la denominada “ley Mucci”, por el ex ministro de Trabajo radical Antonio Mucci.
Como ese proyecto alfonsinista, que procuraba “democratizar” a los gremios hegemonizados en ese tiempo por el peronismo, la reforma electoral del macrismo tuvo el apoyo de la Cámara de Diputados.
Pero el voto electrónico puede naufragar en el Senado en manos del justicialismo, como ocurrió hace 32 años con el proyecto alfoninista.
La suerte del voto electrónico y su posible aplicación en los comicios nacionales de renovación parcial parlamentaria en 2017 comenzará a definirse el 24 de noviembre, cuando se reúnan los senadores del Frente para la Victoria (FPV) con una docena de gobernadores peronistas.
Además de esta reunión, el oficialismo enfrenta la presión del calendario.
No le queda mucho tiempo disponible para avanzar con el proyecto, y si no sale antes de fin de año no podrá aplicarse en las próximas elecciones, salvo en distritos como la Capital Federal y Salta.
La convocatoria del FPV a sus gobernadores dilató una semana más los planes del oficialismo, que, según había previsto cuando el proyecto salió de Diputados, el 20 de octubre, pensaba tener aprobada la iniciativa el 9 de noviembre.
Si todo fuera con mucho viento de popa, el oficialismo tendría dictamen de comisiones al proyecto el 29 de noviembre, y recién podría llevarlo al recinto el 7 de diciembre, ya en período de sesiones extraordinarias.
Como la reforma sufrirá cambios en el Senado, volverá en segunda revisión a Diputados, donde el oficialismo deberá trabajar en forma redoblada si quiere sancionarla antes de fin de año.
En la Cámara baja, Cambiemos depende del apoyo de aliados circunstanciales para reunir quórum, y sólo tendría una sesión en extraordinarias: el 14 de diciembre.
Una salida sería que el macrismo obtenga el apoyo del FPV y reúna los dos tercios que el reglamento exige para tratar sobre tablas el proyecto.
Así el Senado podría tratar la reforma el 30 de noviembre, junto con el presupuesto 2017, y le dejaría casi dos semanas a Diputados para lograr la sanción de la ley.
Pero aún así, el calendario juega en contra: la semana del 7 de diciembre, posible día de sesión, será en el medio de una semana corta, porque el 8 y el 9 del mes próximo son feriados nacionales.
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