Romina Gayá, consultora sobre comercio internacional de servicios e investigadora de la Universidad del Salvador, analizó en una entrevista que le realicé las consecuencias de la suspensión de la ley de economía del conocimiento, dispuesta por el Gobierno nacional el 16 de enero, y que será reemplazada por una nueva norma que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso.
«Desde el punto de vista de las empresas, la ‘suspensión hasta nuevo aviso’ implica que no hay previsibilidad para tomar decisiones. Es decir, no saben cuántos impuestos van a pagar, si van a sufrir o no doble imposición, cuánto les va a costar cada empleado, etc.», advirtió Gayá (en la fotografía superior).
«Desde el punto de vista macroeconómico, también es una pésima noticia porque va a afectar negativamente a un sector que genera empleo de calidad –formal, calificado y bien remunerado– y es exportador neto», afirmó la especialista, cuyas declaraciones completas puedes leer en la nota que publiqué en iProfesional aquí.
