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GENis, el software de genética forense desarrollado por la Fundación Sadosky que funciona en los sistemas judiciales de 20 provincias como instrumento para el esclarecimiento de delitos, será utilizado en el ámbito de los cuerpos policiales y las fuerzas federales de seguridad.

Los ex ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación y también ex titular de la fundación, Roberto Salvarezza, y de Seguridad, Sabina Frederic, suscribieron en el Centro Cultural de la Ciencia el convenio que extenderá el uso de esta herramienta, basada en el cotejo centralizado de ADN, uno de los aportes más significativos de la criminalística moderna, que es el fruto del trabajo de genetistas y programadores argentinos y que despierta, además, el interés de autoridades judiciales de otros países de la región. (Nota de R.: el convenio se firmó antes de las renuncias de estos dos funcionarios luego de las elecciones PASO 2021).

GENis almacena, secuencia y compara el ADN hallado en diferentes escenas de crímenes con el de perfiles genéticos de casos anteriores para establecer recurrencias y reincidencias en casos de violaciones, crímenes o bien para la búsqueda de personas.

“La fundación comenzó a desarrollar este software en 2014. De hecho, la idea de GENis nace dos años antes a partir de un pedido del Ministerio de Seguridad para desarrollar una herramienta informática que diera sustento a un registro de huellas genéticas, algo que no existía en el país. Científicos argentinos aportaron su conocimiento en genética forense, y empresas locales de software hicieron la programación de los algoritmos. Y, de alguna manera, con la firma de este convenio se cierra, simbólicamente, un círculo virtuoso. Y digo simbólicamente porque GENis ya se utiliza en 20 provincias. Pero ahora, los laboratorios que dependen directamente de Seguridad se incorporan formalmente al sistema”.
Fernando Schapachnik, director ejecutivo de la Fundación Sadosky.

La herramienta de código abierto desarrollada en el país se instalará en los laboratorios de criminalística de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Policía Federal Argentina, desde donde servirá de enlace con el Registro Nacional de Datos Genéticos Forenses del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que ya la había adoptado. Ahora, esa capacidad pericial se refuerza en tanto esas fuerzas actúan como órganos auxiliares de la justicia.

Acaso el dato fundamental de GENis es que es un software de código abierto y configuración escalable, es decir, que puede ser usado en cualquier país, provincia o ciudad, permitiendo el almacenamiento y cruce de datos genéticos y colaboraciones simultáneas.

“El código fuente va a ser liberado en breve, tras una serie de auditorías que ya están concluyendo, pero lo esencial es que los algoritmos de comparación de GENis son públicos. Eso fortalece un derecho básico que es el derecho a la defensa –explicó Schapachnik–. Si se colecta una muestra en la escena del crimen y el sistema señala una coincidencia con el perfil de una persona, esa persona puede saber exactamente qué significa esa coincidencia. En las comparaciones de muestras genéticas, establecer una coincidencia no es mirar dos números de serie y que sean iguales, es un complejo proceso estadístico. Pero, eventualmente, si la defensa lo reclama, ese proceso se puede replicar. Y esto, que parece una obviedad, no se da en otros sistemas internacionales de renombre, como el CoDIS, del FBI (agencia federal de investigaciones de los Estados Unidos). Si las coincidencias surgen de una caja negra a la que no se puede acceder, hay derechos que pueden verse afectados”.

Schapachnik, quien dirige la fundación, una institución público-privada que funciona en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. puntualizó que el uso de GENis no implica una cesión de datos. Éstos quedan en poder de la jurisdicción que decida implementar el software y les permite compartirlos, siempre que la ley local lo permita, a diferencia de otros sistemas que, automáticamente, pueden ser accedidos por los desarrolladores.

“El sistema trabaja con dos tipos de perfiles genéticos –explica Gustavo Sibilla, coordinador del proyecto GENis–. Por un lado, perfiles que llamamos ‘de evidencia’, es decir, tejidos orgánicos hallados en una escena del crimen, o aportados por una víctima, por ejemplo, un hisopado en un delito contra la integridad sexual. Entonces, tenemos sangre, piel, hueso, pelo si tenemos la raíz, o fluidos seminales en casos de agresión sexual. Cada muestra se procesa y se obtiene un perfil de códigos alfanuméricos. No sabemos a quién corresponde. Tenemos una gota de sangre que pertenece al asesino, pero no sabemos quién es, o el semen del violador, pero no su nombre. Es lo que la justicia está tratando de determinar, individualizar al dueño de ese ADN”, explicó.

“Por el otro lado –siguió Sibilla– están los perfiles de referencia, que corresponden a individuos conocidos: nombre y apellido. Por supuesto, de acuerdo con la ley, es el Congreso o la legislatura de cada jurisdicción la que decide quiénes pueden ser incluidos en esa base de datos y cuál es, en definitiva, el alcance pericial de la herramienta.”

La salvedad no es menor. En la Argentina, a partir del caso de Ángeles Rawson (la adolescente asesinada por Jorge Mangieri en el barrio porteño de Palermo) en 2013, se creó por ley el Registro de Datos Genéticos de uso forense vinculados estrictamente a delitos contra la integridad sexual, por lo cual, la herramienta solo permite cargar datos de condenados por violaciones, pero no, por ejemplo, por homicidios.

“Esos dos grupos de perfiles, de evidencia y de referencia, se están cotejando en forma automatizada. Cada nuevo perfil se coteja con todo el universo disponible. De producirse una coincidencia, y cumpliendo un estricto protocolo de validación de las muestras, preservándolas de cualquier contaminación o error que pueda viciar las conclusiones, se informa a la justicia: esta persona que estamos investigando, que no sabemos quién es, actuó en otros delitos y es reincidente. Así, la investigación de la fiscalía no arranca de cero”, ilustró Sibilla.

El coordinador de GENis insistió en la importancia del código abierto, sobre todo en un área donde la ciencia está llamada a funcionar como herramienta probatoria. “Hay que entender que una coincidencia genética no es evidencia determinante per se y que es muy arriesgado anclar en ella toda una acusación. Es un elemento que viene a confirmar otros indicios, que la justicia deberá corroborar por otros medios”, explicó.

El Estado nacional lleva invertidos 40 millones de pesos en GENis, que recibió la validación de la Sociedad Internacional de Genética Forense y cuyo desarrollo lleva la impronta de la vasta experiencia que tiene el país en materia de genética y bioinformática, con instituciones de enorme prestigio, como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

La potencialidad de GENis va más allá del delito. “Es una herramienta que puede colaborar en la búsqueda personas desaparecidas, en casos como (los de los jóvenes desaparecidos) los de María Cash o de Tehuel de la Torre –dijo Schapachnik–. Si se encontraran restos biológicos, hoy se haría una comparación contra los familiares, pero en el caso de María Cash, por ejemplo, sus familiares son personas bastante mayores. También se apunta a pensar en algoritmos más sofisticados que ayuden a encontrar nietos de desaparecidos”.

El software funciona hoy en los poderes judiciales de 20 provincias, incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires. La versión 1.0 se instaló en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos a fines de 2015. En agosto pasado, la Justicia catamarqueña recibió la versión 5.1.6. Las distintas bases de datos aún no están interconectadas. En la constitución de esa red, fundamental para la resolución de causas penales, trabaja actualmente la Fundación Sadosky. “Cuando se terminen de formalizar los acuerdos y la certificación de los laboratorios de cada jurisdicción, GENis va a permitir comparar muestras forenses de distintas provincias”, adelantó Schapachnik.

Cuando exista, sin embargo, esa red no estará completa, por lo menos no en lo inmediato. Las provincias de Córdoba y Mendoza, por ejemplo, siguen prefiriendo el software cerrado del FBI. “Es que es más sexy ir a capacitarse a Quantico, Virginia, que a la Fundación Sadosky”, bromeó Sibilla.

México y la violencia de género

Por primera vez, GENis será utilizado fuera del país. Salvarezza firmó , el mes pasado, un acuerdo con la justicia de la ciudad de México para la cesión e instalación del software desarrollado por la Fundación Sadosky. Como explicó el titular de la cartera científica durante el acto virtual del que participó junto a la fiscal general de Justicia de la capital mexicana, Ernestina Godoy, al proyecto político de una ciencia que sea vehículo de inclusión social no le es ajena la concepción de herramientas tecnológicas que sirvan para erradicar la violencia y, específicamente en el caso que preocupa a la justicia mexicana, la violencia de género.

En 2019, una ola de agresiones sexuales generó en la ciudad de México una fuerte demanda social, similar al del movimiento “Ni una menos” en la Argentina. Ese año, los femicidios en ese país llegaron a la ominosa cifra de 1.006 víctimas. La respuesta a esa crisis fue la creación en la capital mexicana de un registro de agresores sexuales, impulsado por su jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que además de política es física. Y entre las muchas opciones evaluadas por las autoridades mexicanas, el software argentino fue el elegido para poner ese banco de datos genéticos en funcionamiento.

En rigor, la apuesta para ampliar los horizontes de GENis fuera del país, que se inicia con el convenio con México, es regional, y apunta a lograr acuerdos de cesión de un software íntegramente desarrollado por científicos argentinos a la justicia de las naciones limítrofes, con un espíritu colaborativo que persiga soluciones tecnológicas públicas, seguras y, también, soberanas.

Pablo Taranto
Agencia Nex Ciencia

César Dergarabedian

Soy periodista. Trabajo en medios de comunicación en Buenos Aires, Argentina, desde 1986. Especializado en tecnologías de la información y la comunicación. Analista en medios de comunicación social graduado en la Universidad del Salvador. Ganador de los premios Sadosky a la Inteligencia Argentina en las categorías de Investigación periodística y de Innovación Periodística, y del premio al Mejor Trabajo Periodístico en Seguridad Informática otorgado por la empresa ESET Latinoamérica. Coautor del libro "Historias de San Luis Digital" junto a Andrea Catalano. Elegido por Social Geek como uno de los "15 editores de tecnología más influyentes en América latina".

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