Lucas González, un adolescente de 17 años, salió de entrenar el 17 de noviembre de 2021 del club Barracas Central, en el sur de Buenos Aires, junto a tres compañeros.
Lucas González subió junto a ellos a un automóvil Volkswagen Suran en el barrio porteño de Barracas después de comprar un jugo en un kiosco cerca de la villa 21-24. Esa mañana, Lucas había asistido a una de sus prácticas habituales, mientras que el resto de los amigos se había ido a probar al club.
Luego de la práctica tomaron sus cosas y volvieron hacia el barrio San Eduardo, en el partido de Florencio Varela, en el sur del Gran Buenos Aires, donde vivía Lucas con su familia, a bordo del Suran que era del padre de uno de los chicos.
El Suran fue perseguido por un auto Nissan Tiida, donde estaban el inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas. Estos miembros de la Policía de la Ciudad y el auto no tenían ninguna identificación.
Una de las balas disparadas por los policías impactó en la cabeza de Lucas, quien falleció el 18 de noviembre luego de un día de agonía, en el hospital El Cruce de Florencio Varela, por consecuencia de ese proyectil disparado por un agente estatal.
Este crimen no debe entenderse como un caso de “gatillo fácil”, como dice el video anterior y muchos colegas míos, porque no hubo un enfrentamiento de policías con delincuentes. Es un homicidio agravado cometido por miembros de la fuerza de seguridad porteña.
El asesinato de Lucas es consecuencia de los discursos de mano dura, por el cual se propicia que los policías primero deben disparar y después preguntar. Estos discursos son pronunciados por funcionarios irresponsables y luego encarnados por miembros de las fuerzas de seguridad sin preparación alguna que portan armas y terminan siendo un instrumento de muerte para adolescentes y jóvenes, en su mayoría de familias pobres.
El antecedente de Ezequiel Demonty
El crimen de Lucas me recuerda al cometido contra Ezequiel Demonty, de 19 años, por policías federales, quienes luego de torturarlo lo obligaron a tirarse al Riachuelo cerca del puente Alsina, en el barrio porteño de Pompeya, el 13 de septiembre de 2002. El cadáver de Ezequiel fue hallado el 21 de septiembre, el día del estudiante.
Conocí a Dolores Sigampa, la mamá de Ezequiel, a quien entrevisté, pocas semanas después del asesinato de su hijo, en las oficinas del periódico evangélico El Puente, donde trabajé como jefe de redacción entre 1994 y 2010.
Luego de esa entrevista con Dolores, miembro de una iglesia evangélica, seguí en contacto con esta mujer admirable por su coraje en otras entrevistas para mantener la visibilidad de su lucha.
Acompañé a Dolores el 18 de octubre de 2004 en la sala de audiencias del palacio de los Tribunales porteños, la misma donde fueron condenados los jefes militares de la última dictadura cívico-militar por violaciones a los derechos humanos.
Ese día de la primavera de 2004, se conoció un veredicto histórico: dos oficiales y un suboficial de la Policía Federal fueron condenados a reclusión y prisión perpetua por el crimen de Ezequiel.
Fue la primera vez en la historia penal argentina que miembros de esa fuerza recibían una condena por torturas seguidas de muerte y privación ilegal de la libertad. Luego de la condena, se cambió el nombre del puente Alsina por el de Ezequiel.
Hoy la familia de Lucas González reclama justicia, la misma que Dolores pudo alcanzar para los asesinos de Ezequiel. Sin embargo, dos décadas después del crimen de Ezequiel, rigen los mismos paradigmas de violencia institucional cuyas principales víctimas son personas pobres que fallecen o son privadas de la libertad en manos de policías que encarnan los discursos de mano dura y muerte.
