La conmemoración del cincuentenario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que inició la última dictadura cívico-militar, requiere, además de un ejercicio de memoria histórica, un análisis de la arquitectura financiera que hoy, en pleno 2026, define la asfixia económica nacional.
Al observar los vencimientos de deuda por 57.000 millones de dólares que el país debe afrontar en los próximos 18 meses, debe trazarse una línea directa hacia el despacho de José Alfredo Martínez de Hoz (en la fotografía superior, a la izquierda junto a Jorge Rafael Videla), el primer ministro de Economía de la dictadura.
Aquel plan económico de la dictadura, iniciado hace medio siglo, fue mucho más que una medida de emergencia. Se trató de la instalación de una matriz de especulación y endeudamiento que ningún gobierno democrático logró desmantelar por completo.
El origen de la bola de nieve
Para comprender la crisis de reservas y la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que marcan la agenda de este 2026, es necesario mirar hacia la asunción de la Junta Militar de la dictadura.
En marzo de 1976, la deuda externa argentina era manejable y rondaba los 7.800 millones de dólares. Siete años después, tras la gestión de Martínez de Hoz y sus sucesores de la dictadura, ese pasivo había saltado a 45.000 millones de dólares.
Ese incremento exponencial no financió puentes, escuelas ni hospitales. Financió la fuga de capitales. La mecánica instaurada en 1977, mediante la Reforma Financiera (Ley 21.526), liberó las tasas de interés y garantizó los depósitos desde el Estado.
Esto dio lugar a la «bicicleta financiera»: los especuladores traían dólares, los cambiaban a pesos para aprovechar tasas altas garantizadas por el Estado y luego volvían al dólar para fugar las ganancias.
El dato duro es contundente: el 87% de los dólares ingresados por deuda desde 1976 terminó fugado. Esta dinámica de «endeudar para fugar» se repitió en los ciclos posteriores y explica por qué hoy, en 2026, la deuda externa bruta supera los 316.000 millones de dólares.
La estatización de la deuda privada en 1982, firmada por Domingo Cavallo cuando era titular del Banco Central, socializó las pérdidas de los grandes grupos económicos y cargó esa mochila sobre las espaldas de la sociedad.
La destrucción del aparato productivo en la dictadura
La contracara de la fiesta financiera fue, y es, el cementerio industrial. El plan de 1976 buscó explícitamente desmantelar la industria nacional bajo el argumento de la «eficiencia» y la apertura comercial indiscriminada. Entre 1976 y 1983, cerraron más de 20.000 establecimientos fabriles y el PBI industrial cayó un 20%.
Esta matriz desmantelada condiciona el presente. En 2026, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta un crecimiento anémico del 3% para la Argentina, revisado a la baja por la debilidad del consumo y la vulnerabilidad externa.
La falta de una industria robusta que genere divisas genuinas deja a la economía dependiente de la exportación primaria y del endeudamiento externo para cubrir los baches fiscales.
El consumo de carne vacuna, un indicador histórico del bienestar argentino, cayó en 2026 a niveles mínimos, y replica el patrón de la dictadura, cuando el consumo per cápita se desplomó de 83 a 63 kilos anuales.
La pobreza estructural, que se quintuplicó durante la dictadura, se mantiene hoy como una herida abierta que abarca a gran parte de la población.
Una ley vigente 50 años después
Quizás el dato más revelador de la vigencia del modelo de Martínez de Hoz sea su legado legislativo. La Ley de Entidades Financieras de 1977, que transformó al sector bancario en un actor de especulación en lugar de un motor de crédito productivo, sigue vigente en 2026.
Esta normativa permite que los bancos obtengan sus mayores rentabilidades a través de títulos públicos y operaciones de corto plazo, en lugar de prestar capital a las pymes. El sistema financiero actual, concentrado y extranjerizado, es hijo directo de aquella reforma.
El efecto dominó
La Argentina de 2026 transita un laberinto diseñado hace cinco décadas. La deuda impagable, la restricción externa y la pobreza estructural son consecuencias de decisiones políticas concretas.
La apertura irrestricta y la valorización financiera instauradas por Martínez de Hoz generaron un efecto dominó que derribó la soberanía económica nacional.
Mientras el país busca reunir los dólares para pagar los vencimientos de este año, la sombra del 24 de marzo de 1976 se proyecta sobre cada indicador económico.
Romper esa inercia requiere más que un cambio de administración; exige desarmar los mecanismos de extracción de riqueza que, medio siglo después, siguen operativos.
«Memoria 50» es una serie de artículos por el 50° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar argentina, que se conmemorará el 24 de marzo de 2026. Puedes leer el resto de los artículos aquí.
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