La piratería no es solo un delito menor, sino una actividad criminal organizada que genera pérdidas millonarias y pone en riesgo la privacidad de los usuarios, según se destacó en el “Seminario Regional Antipiratería” celebrado en el marco de las Jornadas Internacionales 2025.
Federico Fornelli, Presidente de ATVC, inauguró el seminario enfatizando el impacto de la piratería en “todo el ecosistema”.
Sergio Veiga, Presidente de CAPPSA, subrayó que este flagelo “afecta a toda la cadena de valor: a los creadores de contenidos, a los distribuidores y a los ISP que ven saturadas sus redes con contenido ilegal”.
Sergio Piris, Gerente de Asuntos Penales, Delitos Informáticos y Antipiratería de Telecom Argentina, reconoció los avances en la lucha contra la piratería, pero insistió en la necesidad de que la sociedad comprenda sus implicaciones.
Impacto económico y geográfico
Jimena Municoy, TV, ISP & Piracy Project Leader de Fabric Data Company, presentó datos de un estudio que revela pérdidas de 480 millones de dólares para la industria, con 100 millones de dólares correspondientes a pérdidas para el Estado, sumando un total de 580 millones de dólares de pérdida anual.
Además, destacó que Uruguay, Colombia, Paraguay y Perú se encuentran entre los diez países con mayor consumo de piratería en América latina.
Alejandro Amendolara, abogado asesor de CABASE, explicó que la piratería genera un mayor tráfico de datos internacionales y pérdidas directas para los ISP cuando los usuarios acceden a servidores alojados en el exterior.
Pablo García de Castro, director regional Cono Sur de ASIET, alertó sobre el crecimiento constante de la piratería de contenidos audiovisuales, a pesar de la expansión de la oferta legal.
Un informe de la entidad reveló que 3 de cada 4 sitios de consumo ilícito se repiten en la región, lo que confirma la existencia de una “industria ilegal organizada a nivel internacional con marcas reconocibles”. Este negocio ilícito supera los 2.000 millones de dólares a nivel regional y se vincula con otros delitos.
La tecnología como aliada y la acción judicial
Carlos Martins, director general ejecutivo y cofundador de Randy Labs, afirmó que el combate manual contra la piratería es inviable, por lo que el uso de la Inteligencia Artificial se vuelve “una herramienta fundamental”.
Ignacio Estrada, director de Relaciones Estratégicas de LACNIC, expuso sobre los riesgos en la aplicación de bloqueos de sitios.
En el segundo panel, Nicolás Novoa, Abogado consultor de ARTEAR, detalló las diversas formas de piratería que padece su empresa, desde la distribución ilegal de su señal en países limítrofes hasta la emisión de sus contenidos en canales de YouTube propios.
Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, reveló el descubrimiento de una organización criminal con 6.2 millones de clientes pagos en la región que buscaba acceso a redes y dispositivos de los clientes, evidenciando que no solo se trata de delitos de propiedad intelectual.
Víctor Portillo, abogado de La Liga LATAM, destacó la efectividad del bloqueo de direcciones IP para contenidos en vivo, citando el caso de España, donde esta medida redujo la piratería en un 60% en cuatro años.
Francisco Berdaguer, Abogado consultor de Red Intercable, explicó la estrategia disuasiva y de concientización de su entidad.
El tercer panel se centró en la acción judicial. Gonzalo Auguste, juez federal civil y comercial del Poder Judicial de la Nación, afirmó que el fuero federal debe intervenir en todo lo relacionado con Internet y que es “urgente y necesario bloquear para evitar la continuidad del daño”.
Matías Ocariz, fiscal del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, remarcó la necesidad de “voluntad política de persecución y leyes más duras”, ya que el ciberfraude es la tercera economía mundial.
Diego Lugo, analista de información en Delitos Asistidos Tecnológicamente de UFEIC, diferenció las formas de infringir la Ley de Propiedad Intelectual, concluyendo: “Hay que entender que cuando el producto es gratis, el producto sos vos”.
El seminario concluyó con la intervención de Carolina Bertola, jefa de Asuntos Penales, Delitos Informáticos y Antipiratería de Telecom Argentina, quien detalló las acciones de la empresa, incluyendo denuncias penales y una inversión de 2,6 millones de dólares desde 2022 para la seguridad de la CDN de Flow. Bertola enfatizó la necesidad de “ir a buscar al que trae los contenidos, que está fuera del país, no nos quedemos solamente con la responsabilidad de los ISP”.
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