El debate sobre la seguridad en la Argentina volvió a poner el foco en los más jóvenes. Frente a los proyectos de ley que intentan reducir la edad de punibilidad penal, uno de los cuales ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados y que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, diversas organizaciones basadas en la fe y los derechos humanos alzaron la voz contra esta iniciativa.
La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), junto a la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia, marcó una postura contundente: más cárcel no es la solución.
A continuación, los puntos claves del comunicado que expone por qué esta medida resulta ineficaz y regresiva para la sociedad argentina.
Un diagnóstico equivocado
La inseguridad es una realidad innegable. Provoca dolor y exige justicia. Sin embargo, desde estas organizaciones sostuvieron que modificar las leyes penales para los chicos no sirve. Según advirtieron en el comunicado difundido, «la baja de la edad de punibilidad no constituye una respuesta eficaz ni justa».
La evidencia estadística y jurídica desmiente la idea de que el delito adolescente representa una emergencia nacional. Por el contrario, el ingreso prematuro al sistema penal aumenta las posibilidades de reincidencia en lugar de corregir la conducta.
Las infancias como víctimas, no como peligro
Nicolás Rosenthal, director ejecutivo de la Fundación Hora de Obrar, aportó una mirada humanista y social. Según Rosenthal, el problema radica en las condiciones de vida. «Las infancias y juventudes no son un peligro», afirmó.
Los jóvenes padecen violencias estructurales feroces: la pobreza, el avance del narcotráfico en los barrios, la falta de escuelas y la violencia institucional.
El director de Hora de Obrar señaló los efectos de estas políticas: «Responder a esta realidad con más castigo y más encierro implica profundizar el daño».
El riesgo de la violencia institucional
Uno de los puntos más alarmantes es la posible validación de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. En los sectores populares, los chicos ya sufren el hostigamiento policial.
Las organizaciones advirtieron sobre el riesgo de «legitimar prácticas de violencia institucional». Bajar la edad de punibilidad daría un marco legal a estas prácticas en lugar de poner límites claros. La seguridad democrática necesita protección de derechos, no vía libre para la represión en las barriadas.
Ajuste y desprotección estatal
El contexto político y económico agrava la situación. Las organizaciones denunciaron que estas propuestas punitivas aparecen en medio de un «desfinanciamiento y debilitamiento de las políticas públicas de cuidado, educación, salud e inclusión social».
Hay menos recursos para prevenir la violencia. El Estado pretende castigar antes, pero protege menos. Esto vulnera principios constitucionales y pactos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
La salida es integral
La solución real requiere inversión y trabajo serio. Se necesita fortalecer el acceso a la cultura, el deporte y los espacios comunitarios. Hay que atacar las causas de fondo como la desigualdad y el crimen organizado.
Como concluyó Rosenthal en su llamado a los legisladores: «Creemos que a las infancias y juventudes no se les debe más castigo, sino más amor, más cuidado y más derechos garantizados».
Fuente de la imagen: agencia Paco Urondo.
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