Cámaras empresarias advirtieron que la ropa, los juguetes y los productos electrónicos que llegan desde plataformas como Temu pueden incumplir normas mínimas de seguridad, mientras las compras internacionales crecen con fuerza en la Argentina.
El comercio electrónico en la Argentina cambió de fisonomía. Los compradores comparan precios, revisan los tiempos de envío, miran la reputación de los vendedores y eligen con más cuidado el momento de pagar. Ese comportamiento más racional convive, sin embargo, con un modelo de venta internacional que apuesta al impulso, a la oferta permanente y a precios muy difíciles de igualar.
En ese escenario se destaca Temu, la plataforma de origen asiático que retoma la lógica del «todo por dos pesos» que tuvo su auge en la Argentina de la década del 90, ahora desde el celular y con alcance mundial. Su crecimiento acompaña el fuerte aumento de las compras internacionales por courier y puerta a puerta.
En abril de 2026 las importaciones por esa vía sumaron 118 millones de dólares, un 135,9 por ciento más que un año atrás. Entre enero y mayo, el acumulado llegó a 518 millones de dólares.
La búsqueda de artículos más accesibles en Temu explica buena parte del fenómeno. Tecnología, indumentaria, juguetes, herramientas y productos para el hogar aparecen en los carritos de compra con valores que tientan en un contexto de ingresos ajustados.
Pero detrás de los descuentos, los juegos promocionales y los avisos de oferta limitada en Temu crece una preocupación concreta. Se trata de la llegada de productos sin controles suficientes, con riesgos para la salud, la seguridad eléctrica y la economía local.
¿Por qué la Unión Europea multó a Temu?
El caso tomó dimensión internacional el 28 de mayo de 2026, cuando la Comisión Europea le aplicó a Temu una multa de 200 millones de euros por infringir el Reglamento de Servicios Digitales.
Según el organismo europeo, la plataforma de Temu no identificó, analizó ni evaluó con el cuidado necesario los riesgos sistémicos ligados a la venta de productos ilegales en su servicio.
La investigación europea sostuvo que los consumidores tenían una probabilidad muy alta de toparse en Temu con artículos que no cumplían la normativa vigente.
También señaló que la evaluación de riesgos presentada por Temu subestimó la frecuencia con la que los usuarios quedaban expuestos a mercadería peligrosa, y que no explicó de manera suficiente cómo el diseño de la aplicación podía multiplicar la circulación de esos productos.
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, sostuvo que las evaluaciones de riesgo no son un trámite administrativo más, sino la base de la normativa digital europea.
La sanción contra Temu dejó planteado un punto central para otros mercados, entre ellos la Argentina. El precio bajo no puede reemplazar a la verificación de seguridad.
¿Qué riesgos tienen los juguetes y productos para chicos?
Los estudios de organizaciones de defensa del consumidor aportan datos preocupantes. Euroconsumers, junto con entidades de Alemania, Francia, Dinamarca y Bélgica, analizó productos comprados al azar en Temu. El resultado fue contundente: el 65 por ciento de los artículos evaluados no superó las pruebas de seguridad europeas.
La categoría infantil de Temu concentró algunos de los hallazgos más graves. De 27 productos para chicos comprados en la plataforma, 26 no cumplían las leyes de seguridad. Los análisis detectaron piezas pequeñas, «stickers» y ventosas que se desprendían con facilidad, con riesgo de asfixia para bebés y niños.
El peligro va más allá de lo físico. Los análisis toxicológicos identificaron sustancias que superaban los límites permitidos y que pueden afectar la salud, en especial cuando se trata de productos pensados para menores. Algunos de los hallazgos en Temu fueron los siguientes:
- Juguetes tipo «slime» liberaban boratos de manera ilegal, compuestos asociados a posibles daños en el sistema reproductivo infantil.
- Una caja de pañuelos de juguete con forma de colectivo presentó hasta 164 miligramos de formaldehído por kilogramo, muy por encima del límite europeo de 30 miligramos para menores de 36 meses.
- Un guante mordillo de silicona para bebés superó cuatro veces los niveles permitidos de etoxilatos de nonilfenol, sustancia vinculada con efectos negativos sobre las hormonas humanas.
- Juguetes de plástico y calzado mostraron niveles de ftalatos hasta 240 veces superiores al máximo legal. En un par de mocasines, las suelas contenían 17 por ciento de ftalatos, cuando el límite permitido es de 0,1 por ciento.
- Se hallaron parafinas cloradas y compuestos PFAS, asociados a daños ambientales y posibles efectos sobre el sistema inmunológico, en calzado, impermeables, vajilla descartable y papel para hornear.
- La joyería infantil y la ropa interior registraron concentraciones excesivas de metales pesados como cadmio, plomo, níquel, cromo y antimonio. En una de las pruebas, un colgante contenía más del 85 por ciento de cadmio.
La combinación de químicos, la ausencia de instrucciones en español y los etiquetados incompletos convierten a estos artículos baratos de Temu en una amenaza difícil de detectar a simple vista.
El comprador ve una oferta tentadora en Temu pero el laboratorio encuentra materiales que no deberían estar en contacto con chicos.
¿Por qué los cargadores baratos pueden provocar incendios?
En electrónica, los resultados también generan alarma. Entre los cargadores USB y las fuentes de alimentación revisados por organizaciones de consumidores, casi todos mostraron riesgos medios o altos. De 27 cargadores comprados en Temu, solo uno cumplió con las exigencias legales y normativas.
Los especialistas detectaron aislación insuficiente, sobrecalentamiento y peligro de incendio o electrocución en condiciones normales de uso.
En la Argentina, la principal herramienta con la que cuenta el consumidor es la certificación de seguridad. En productos eléctricos y electrónicos, quien compra debe verificar la presencia del logo «CS», correspondiente a Certificación de Seguridad, en el artículo o en su envase.
Ese sello indica que el producto fue evaluado por laboratorios u organismos de certificación habilitados. Las pruebas buscan reducir los riesgos de descarga eléctrica, cortocircuito, incendio y fallas de funcionamiento. El IRAM recuerda que cerca del 40 por ciento de los incendios en el país tiene origen eléctrico.
Para obtener esa certificación, fabricantes e importadores deben demostrar que el diseño, los componentes y la fabricación cumplen con las normas técnicas nacionales e internacionales. En cambio, muchos productos de muy bajo costo que llegan por envíos internacionales no cuentan con ese respaldo y dejan al usuario solo frente a un riesgo que no puede medir con herramientas caseras.
¿Qué pide Casel para proteger a los consumidores?
El problema regulatorio se hace sentir con fuerza en el mercado argentino. Los proveedores locales deben cumplir reglamentos técnicos, homologaciones y procedimientos de control antes de poder vender. En cambio, parte de la mercadería que ingresa por compras personales aprovecha un circuito más flexible, pensado para envíos particulares y no para abastecer una demanda masiva.
Sebastián Casón, presidente de la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (Casel), me advirtió sobre el impacto de esa diferencia. Según explicó, en la Argentina no se puede permitir un doble estándar regulatorio que deje desprotegidos a los ciudadanos. Para el sector, la importación simplificada puede abrir una puerta a dispositivos sin la verificación necesaria.
La preocupación crece cuando los productos en cuestión prometen proteger vidas y bienes. Casón advirtió que el engaño del «todo por dos pesos» digital termina costando vidas. Explicó además que una cámara de vigilancia, un detector de monóxido o una alarma sin certificación oficial no son más baratos, son una estafa que va a fallar justo cuando tenga que proteger a una familia.
¿Cómo afecta esto a los comercios argentinos?
La discusión no se agota en la seguridad de quien compra. También alcanza al comercio minorista, a las pymes y a los fabricantes nacionales. Una empresa local debe pagar impuestos, sostener empleo registrado, cumplir normas técnicas y ofrecer servicio de posventa. Un vendedor extranjero que llega directo por correo puede evitar buena parte de esos costos y responsabilidades.
Sergio Angiulli, presidente de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (Cafara), me planteó que el mensaje al consumidor no debería leerse como una defensa de los precios altos. Según su mirada, la concientización no debería plantearse como una defensa del encarecimiento del mercado, sino como una defensa del consumidor.
Angiulli remarcó que el precio de un producto formal incluye mucho más que el objeto en sí. El consumidor debería saber que, cuando compra algo legal, certificado y con respaldo, no solo paga por el producto, sino también por una garantía, una responsabilidad comercial, un control técnico y la posibilidad real de reclamar si algo sale mal.
También llamó la atención sobre la desigualdad regulatoria: si una empresa argentina debe cumplir normas y responder ante sus clientes, las grandes plataformas internacionales también deberían estar obligadas a hacerlo. De esta manera resumió el reclamo de los comercios que compiten contra artículos baratos, muchas veces descartables, sin garantías verificables ni un responsable local al alcance de la mano.
¿Por qué es tan difícil controlar estos envíos?
El ingreso de productos por envíos internacionales se apoya en reglas pensadas para facilitar las compras personales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite operaciones bajo distintas modalidades, con topes que pueden llegar a 3.000 dólares y hasta 50 kilos por bulto en el régimen de «courier». Para compras de uso personal, las franquicias reducen o eliminan parte de la carga impositiva hasta ciertos montos.
El problema aparece cuando una herramienta pensada para usuarios individuales termina usándose a escala masiva. La cantidad de paquetes provenientes de Temu hace casi imposible revisar en detalle si una prenda contiene químicos restringidos, si un juguete puede soltar piezas peligrosas o si un cargador tiene la aislación exigida. En los hechos, el control técnico termina recayendo en el consumidor, que no tiene una forma sencilla de comprobarlo.
El ahorro inicial, además, puede diluirse rápido. Distintos análisis sobre productos de bajo costo señalan textiles livianos, componentes sintéticos, costuras débiles y terminaciones pobres. El resultado es una vida útil corta, más residuos y una recompra temprana que termina golpeando el bolsillo.
¿Qué hay que revisar antes de comprar por precio?
El crecimiento de Temu expone una tensión que atraviesa al consumidor argentino. La necesidad de cuidar los ingresos empuja hacia ofertas muy atractivas. Pero la evidencia reunida en Europa y las advertencias de las cámaras locales muestran que el precio no puede ser el único criterio a la hora de decidir.
La seguridad comprobada, la durabilidad, la certificación y la posibilidad de reclamar ante un responsable local son parte del valor real de un producto. Una masa para modelar con químicos fuera de norma o un cargador sin sello de seguridad pueden terminar costando mucho más que su precio de oferta.
En las compras en línea, la pregunta ya no pasa solo por cuánto vale algo, sino por qué respaldo tiene y quién responde si algo sale mal.
Nota de R.: Este artículo acerca de Temu fue publicado originalmente en Economía Sustentable.
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