El Gobierno creará un registro nacional de «chips» de celulares

Los ministerios de Seguridad y de Comunicaciones de la Nación elaboran un plan para «quitar» a los «celulares robados del mercado» y crear un registro nacional de «chips» (tarjetas SIM) de teléfonos móviles.

La iniciativa será presentada por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, según informó el 5 de abril su par de Seguridad, Patricia Bullrich, quien no precisó cuándo se hará ese anuncio oficial.

Bullrich reveló la iniciativa, acompañada del jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia; del secretario de Seguridad del partido de Morón (oeste del Gran Buenos Aires), Sebastián Cinquerru, y del juez Sebastián Basso, en una conferencia de prensa en la Superintendencia de Investigaciones Federales.

La ministra habló acerca de la denominada «Operación ‘Clean Cell’«, que permitió desarticular una organización especializada en la duplicación y comercialización de teléfonos móviles robados.

Miembros de la Unidad Antisecuestros de la Policía Federal, en un trabajo coordinado con la Policía Municipal de Morón, detuvieron a 10 personas, tres de nacionalidad peruana y siete de ciudadanía argentina, y además secuestraron 381 celulares y 25 computadoras.

La ministra informó que “se detectó el funcionamiento de un laboratorio que duplicaba celulares para utilizarlos con fines delictivos”.

A partir de una investigación que incluyó la utilización de cámaras ocultas y «seguimientos encubiertos», según informó el ministerio en un comunicado que me envió, los policías lograron detener a una red que blanqueaba y reemplazaba el IMEI de los teléfonos.

IMEI es una sigla en inglés por International Mobile Station Equipment Identity, identidad internacional de equipo móvil.

Se trata de un código pregrabado en los teléfonos móviles con tecnología GSM, como los que se usan, por ejemplo, en la Argentina.

Este código identifica al aparato de forma exclusiva a nivel mundial, y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a ella.

Luego de reemplazar el IMEI, la banda delictiva introducía los teléfonos al mercado legal y los comercializaba a través de locales de ventas de insumos, ubicados en las ciudades de Morón y Moreno.

La organización delicitiva distribuía los móviles a otras bandas criminales vinculadas al tráfico de estupefacientes, secuestros extorsivos y “salideras bancarias”.

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