Un apagón virtual afectó al sistema informático de expedientes Lex 100 que no funcionó en enero durante varios días debido a la rotura de un aparato que ya no se fabricaba más.
El episodio expuso en público el atraso tecnológico de uno de los poderes de la Nación: el Judicial.
Cuando ya estaba por cumplir una semana de parálisis, y se evaluaba la extensión de la feria judicial y se alzaban voces que reclamaban un nuevo sistema informático, el Lex 100, el corazón del software que utiliza el Poder Judicial, revivió.
El eje de la controversia volvió a quedar del lado del Consejo de la Magistratura, bajo cuya órbita está el área de sistemas. No existió un plan de contingencia para las «caídas» cada vez más frecuentes de un software de funcionamiento defectuoso.
El Lex 100 colapsó el 23 de enero. La conclusión más grave del episodio es que no existe un «sistema de redundancia», lo que significa que hay un único almacenamiento de datos.
Hubo que comprar uno nuevo de emergencia para que se reinicie el sistema. El que funcionaba hasta el momento había dejado de fabricarse.
El 24 de enero, el director general de Tecnología elevó su informe de la falla al presidente del Consejo, el juez Ricardo Recondo, y al administrador general del Poder Judicial, Carlos Bedetta.
En el informe consignó que la «indisponibilidad» del sistema se debió a la rotura del Storage HPXP 24000 que soportaba la base de datos principal.
Indicó que se consultó al fabricante, Hewlett Packard, pero que la respuesta fue que la reparación era «incierta» y que ese equipo estaba «discontinuado».
El área de Tecnología aseguró que era «ineludible su reemplazo» y que «no existían paliativos» para que el Lex 100 volviese a la vida. Por eso abrieron la compulsa a proveedores para reemplazarlo bajo cualquier modalidad, compra, alquiler o hasta préstamo.
Pero una vez instalado se necesitaría migrar las bases al nuevo, tarea que demandaría entre 48 y 72 horas adicionales.
La falla afectó toda la actividad en Tribunales y motivó la queja de letrados, incluidas las organizaciones como el Encuentro de Abogados Independientes y otras agrupaciones que elevaron la preocupación respecto de los retrasos que ocasionaba la parálisis.
En el mismo sentido se pronunciaron las comisiones internas de los empleados judiciales.
Con el equipo recuperado, se continuó con la migración de datos desde que estuvo disponible a un sistema Hexadata de Oracle, que trabaja desde mediados de 2019.
Mientras se aguarda que el Poder Ejecutivo Nacional envíe al Congreso un proyecto de ley de reforma de la Justicia, sobre el cual se desconoce si incluirá un capítulo o referencia a la transformación digital de los tribunales nacionales, Telefónica de Argentina trabaja en dos iniciativas que apuntan a aumentar la eficiencia y rapidez de los procesos.
Juan Manuel Haddad, gerente de Regulación y Competencias de la empresa, me explicó las características de estos proyectos.
Uno de ellos se llama Maite: es el primer asistente legal virtual de empresas en América latina, que responde consultas jurídicas simples a personas que no son abogados.
La otra iniciativa en la que trabaja la filial local del grupo de telecomunicaciones español se llama «Proyecto Oficios», y nació a partir de una cifra mayúscula: 7.000 requerimientos judiciales por mes en promedio recibe Telefónica de Argentina.
Puedes leer más sobre este tema en la nota propia publicada en iProfesional aquí.
