La Argentina arriba al 24 de marzo de 2026 ante una frontera temporal y ética inédita en la historia del derecho internacional. Al conmemorarse el cincuentenario del golpe de Estado que instauró la última dictadura cívico-militar, el país se consolida como un caso de estudio global.
A diferencia de otras naciones que optaron por tribunales ad hoc o leyes de amnistía, la Argentina sostuvo el juzgamiento de los crímenes de la represión ilegal en la dictadura a través de sus tribunales ordinarios durante cinco décadas.
Este proceso, que inició con el histórico Juicio a las Juntas militares de la dictadura en 1985 y continúa con la agenda judicial de 2026, enfrenta hoy su desafío más complejo: el tiempo.
La arquitectura de la justicia: de 1985 a la anulación de la impunidad
El camino no fue lineal. El Juicio a las Juntas militares de la dictadura en 1985, con la acusación de los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo (ambos de derecha a izquierda en la foto inicial), probó la existencia de un plan criminal sistemático y clandestino para la eliminación de oponentes políticos.
Aquel proceso fundacional sufrió un bloqueo político casi inmediato. Las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), sumadas a los indultos del presidente Carlos Menem de 1989 y 1990, clausuraron la persecución penal durante casi veinte años.
Sin embargo, el sistema jurídico argentino encontró grietas para mantener la memoria activa. Los «Juicios por la Verdad», procedimientos sin efectos punitivos pero con valor probatorio, y la persecución del robo de bebés en la dictadura -delito no amnistiable- mantuvieron la vigencia de los reclamos en los tribunales.
La anulación legislativa de las leyes de impunidad en 2003 y su posterior validación por la Corte Suprema de Justicia en el fallo «Simón» (2005) marcaron el punto de inflexión.
El máximo tribunal alineó la jurisprudencia local con el derecho internacional al declarar que las leyes de perdón resultan inadmisibles frente a crímenes de tal gravedad cometidos en la dictadura.
Bahía Blanca y la Mega causa Zona V: Justicia en el territorio
Un ejemplo palpable de esta continuidad jurídica reside en la reciente sentencia de la Mega causa Zona V. En diciembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dictó veredicto contra 31 imputados por delitos cometidos en el ámbito del V Cuerpo de Ejército, la estructura que comandó la represión de la dictadura en la Patagonia y el sur bonaerense.
El fallo impuso 16 penas de prisión perpetua y condenó a otros 15 acusados con penas de hasta 20 años. Este juicio, el más grande en la historia de la jurisdicción, abordó los padecimientos de 333 víctimas (entre ellas, Braulio Raúl Laurencena, un tío de un servidor) en la dictadura y ratificó la responsabilidad de exmilitares, policías y agentes penitenciarios en secuestros, torturas y homicidios.
Un aspecto reparatorio novedoso de esta sentencia fue la orden judicial al diario La Nueva Provincia para que rectifique la información sobre víctimas de la dictadura presentadas en su momento como «abatidas en enfrentamientos», cuando en realidad fueron ejecutadas o desaparecidas.
El desafío biológico: juzgar a ancianos y la pérdida de testigos de la dictadura
Al cumplirse 50 años del inicio del terrorismo de Estado en la dictadura, la justicia libra una carrera contra la biología. La Argentina es el único país que juzga a sus represores medio siglo después de los hechos. Esta singularidad conlleva una dificultad operativa y humanitaria evidente: la avanzada edad de los imputados y la muerte de los testigos.
Los datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad revelan que, de las 3.875 personas investigadas desde la reapertura de los juicios, 1.762 ya han fallecido.
De ese total, 1.252 murieron sin obtener sentencia, una cifra que supera a la cantidad de condenados (1.208). Esta «impunidad biológica» tensa los límites del sistema penal.
El sistema carcelario debió adaptarse a esta realidad gerontológica. El 84% de los detenidos cumple arresto en su domicilio, una modalidad que se consolidó como predominante para garantizar el trato humanitario sin renunciar a la sanción.
Para las víctimas, la demora implica una forma de revictimización, ya que muchos sobrevivientes fallecen antes de ver condenados a sus verdugos.
La agenda 2026: responsabilidad civil y nuevos debates
El año del cincuentenario no cierra el ciclo judicial; por el contrario, abre nuevos frentes. La justicia federal avanza con lentitud sobre la responsabilidad empresarial y civil, sectores que permanecieron al margen del banquillo durante décadas.
En abril de 2026, el tribunal de La Plata iniciará el juicio por la responsabilidad de directivos de la empresa Molinos Río de la Plata en la desaparición de trabajadores.
También hay investigaciones en marcha sobre el rol de los servicios de inteligencia y los delitos sexuales como crímenes autónomos y sistemáticos.
A cinco décadas del 24 de marzo de 1976, la justicia argentina demuestra que el Estado de derecho posee herramientas para procesar su pasado traumático sin recurrir a tribunales de excepción.
La persistencia de estos juicios reafirma que la memoria, lejos de ser un acto estático de recordación, constituye un ejercicio jurídico dinámico y permanente.
Glosario jurídico
- Delito de lesa humanidad: Crimen cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Estos delitos son imprescriptibles, es decir, el paso del tiempo no extingue la posibilidad de perseguirlos penalmente.
- Ius Cogens: Normas imperativas de derecho internacional general aceptadas por la comunidad internacional que no admiten acuerdo en contrario. La prohibición de la tortura y la desaparición forzada integra esta categoría, lo que obliga a los Estados a investigar estos crímenes por encima de leyes locales de amnistía.
- Impunidad biológica: Concepto utilizado para describir la extinción de la acción penal provocada por la muerte natural de los imputados o testigos antes de llegar a una sentencia firme, producto de la demora en los procesos judiciales.
- Juicios por la Verdad: Procedimientos judiciales sui generis desarrollados en Argentina durante la vigencia de las leyes de impunidad (década de 1990). Sin posibilidad de condenar penalmente, su objetivo era averiguar el destino de los desaparecidos y garantizar el derecho a la verdad de las familias y la sociedad.
«Memoria 50» es una serie de artículos por el 50° aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar argentina, que se conmemorará el 24 de marzo de 2026. Puedes leer el resto de los artículos aquí.
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