Un proyecto de ley en el Congreso argentino apunta a las grandes plataformas digitales de redes sociales con nuevas reglas de seguridad, privacidad y responsabilidad legal para proteger a niños y adolescentes del grooming, la ludopatía y el uso compulsivo de pantallas.
Los chicos pasan cada vez más horas frente a la pantalla, y eso ya no es un dato menor para la salud pública ni para la vida familiar. El uso constante de redes sociales entre niños y adolescentes despertó una alarma que combina lo sanitario, lo educativo y lo social: puede afectar el desarrollo cognitivo, exponer a sitios de apuestas y facilitar el contacto de adultos con intenciones de abuso hacia menores.
En ese contexto, un grupo de diputados nacionales impulsa un proyecto de ley con obligaciones puntuales para las grandes empresas tecnológicas y de redes sociales y con nuevas herramientas de control para las familias. El debate excede lo digital: también toca la responsabilidad de las empresas, el rol del Estado y la necesidad de una economía que respete los derechos de la infancia.
La presentación oficial del proyecto de ley acerca de las redes sociales ocurrió el 9 de junio en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). El diputado nacional Nicolás Trotta encabezó el acto, junto a la diputada Roxana Monzón y los legisladores Pablo Yedlin y Hugo Yasky.
Especialistas de la Argentina, Uruguay y España expusieron sobre los riesgos que enfrentan las nuevas generaciones en redes sociales y sobre la necesidad de una política pública puntual para ese problema.
Tres frentes: grooming, apuestas y pantallas sin límite
El proyecto pone el foco en tres problemas: el grooming, la ludopatía digital y el consumo compulsivo de pantallas. El grooming ocurre cuando un adulto contacta a un menor, muchas veces con perfiles falsos, con fines de abuso sexual. La ludopatía virtual creció entre los adolescentes de la mano de apuestas deportivas, casinos en línea y medios de pago de fácil acceso.
Por su parte, los diseños algorítmicos de redes sociales que premian la atención constante pueden derivar en problemas de sueño, bajo rendimiento escolar y cuadros de ansiedad. Por eso, el texto legislativo propone estándares obligatorios de seguridad y privacidad para las plataformas que operan en el país.
La iniciativa fija reglas según la edad de cada usuario y sube el nivel de responsabilidad legal de las empresas de redes sociales que trabajan en la Argentina. Uno de sus puntos centrales prohíbe los mecanismos o algoritmos pensados para inducir un consumo adictivo o compulsivo entre menores de edad. También veta la publicidad de juegos de azar dirigida a niñas, niños y adolescentes.
Contra el ciberacoso, la norma pide sistemas de verificación de identidad más estrictos. A la vez, obliga a las plataformas de redes sociales a usar inteligencia artificial (IA) para detectar conductas de riesgo, cuentas falsas y posibles casos de autolesión.
Además, las compañías internacionales de redes sociales deberán tener domicilio legal, sede societaria y presencia tributaria permanente en el país. De esa forma, las empresas tendrán que responder ante la Justicia argentina por los incumplimientos, sin apoyo en estructuras jurídicas lejanas ni en oficinas fuera de la jurisdicción local.
Trotta planteó la discusión con eje en el poder económico y la responsabilidad pública de las redes sociales . «La tecnología no es neutral. Y cuando hay lucro, también debe haber responsabilidad», afirmó.
También señaló que «el Estado no puede renunciar a regular a empresas que tienen un enorme impacto sobre nuestra sociedad». Y cerró con una definición política: «No todo tiene precio cuando está en juego el bienestar y el desarrollo saludable de nuestros niños, niñas y adolescentes».
El negocio de la atención frente al límite del Estado
Gran parte del modelo de negocio de las plataformas de redes sociales apunta a retener a los usuarios el mayor tiempo posible. Cuando ese diseño impacta en menores de edad, la intervención estatal funciona como una herramienta para equilibrar un vínculo muy desigual entre las corporaciones globales y las familias.
Luis Lubeck, mentor educativo de la ONG Argentina Cibersegura, me remarcó la importancia de un marco regulatorio serio y eficiente acerca de las redes sociales.
Según el especialista, «desde un punto de vista de ciudadana digital y proteger los derechos, principalmente de niños y niñas y adolescentes, es positivo incorporar en el debate algunos mecanismos que busquen alinear algún incentivo económico entre las plataformas y el bienestar de los usuarios».
En ese esquema, la protección de la niñez suele quedar en un segundo plano frente a la rentabilidad. Para Lubeck, el proyecto atiende esa falla porque «apunta directamente a la protección de usuarios vulnerables, principalmente niños, niñas y adolescentes». La propuesta impone, desde el arranque, configuraciones de máxima privacidad para las cuentas de menores en redes sociales.
La regulación, de todos modos, no reemplaza el rol de los adultos ante las redes sociales. La prevención necesita además acompañamiento familiar, educación digital y decisiones responsables. Lubeck señaló: «No se trata de demonizar la tecnología, sino de aprender a usarla para cuidarnos. La seguridad digital también depende de nuestras propias decisiones».
Verificación de identidad e IA contra los riesgos en redes sociales
Los controles de edad e identidad en redes sociales abren discusiones técnicas y legales. Algunas empresas argumentan que resulta difícil verificar la edad real de cada usuario sin afectar la privacidad de los adultos. Sin embargo, la tecnología actual permite pensar en mecanismos más seguros, con menos exposición de datos y mayor eficacia preventiva.
Lubeck marcó el riesgo de las plataformas de redes sociales sin filtros suficientes: «La falta de verificación técnica permite que cualquier menor cree un usuario y comience a jugar». Esa debilidad facilita el acceso de menores a las apuestas online y también aumenta la exposición a perfiles falsos que pueden terminar en acoso o abuso.
La propuesta suma el uso obligatorio de inteligencia artificial como herramienta de prevención en redes sociales. Estos sistemas detectan patrones de conducta fuera de lo común, lenguaje que no corresponde a la edad declarada o interacciones sospechosas con cuentas de menores.
Las grandes plataformas de redes sociales ya tienen la capacidad técnica para desplegar barreras más eficaces, aunque esos controles podrían bajar el tráfico, el tiempo de uso y los ingresos comerciales.
La alfabetización digital cierra ese esquema. Lubeck recomendó prudencia antes de publicar información personal o imágenes en internet: «Tenemos que pensar dos veces antes de compartir información sensible. Si ese dato se llegara a viralizar, ¿Me generaría un problema? Si la respuesta es sí, mejor no compartirlo».
Datos personales y sanciones
Detrás de la falta de protección infantil también hay una lógica económica. Las plataformas juntan grandes volúmenes de datos personales para alimentar modelos de publicidad segmentada. Cuando esa extracción llega a niñas, niños y adolescentes, el debate suma una dimensión ética y fiscal de peso.
Lubeck resumió así esa lógica: «Si el producto es gratis, el producto somos nosotros». En la economía digital de hoy, la información privada de los usuarios, incluso la de los más chicos, es uno de los activos más valiosos para las empresas de internet.
El proyecto prevé sanciones económicas de peso para las compañías que no cumplan. Desde el sector tecnológico, algunas voces advierten sobre posibles efectos en la innovación.
Lubeck, en cambio, propuso una mirada de equilibrio: «También hay que tener en cuenta que cualquier esquema tributario o sanciones no debería ir en contra de la innovación o la inversión tecnológica en el país. Esta tasa en particular y el régimen de multas puede generar desde allí incentivos para revisar buenas prácticas».
La regulación también puede abrir nuevos puestos de trabajo. Auditorías independientes, moderación humana, desarrollo de software y ciberseguridad forman parte de un abanico de empleo calificado que podría crecer con reglas más exigentes.
Lubeck lo resumió así: «Las revoluciones industriales desde ya reemplazan trabajadores esto es innegable, pero también generan nuevos puestos de trabajo más tecnificados». Bajo esa lógica, el cuidado de la infancia puede sumarse a una agenda de economía sustentable y empleo especializado en la Argentina.
Los antecedentes de Australia y Francia
La propuesta argentina toma como referencia a otras democracias. Australia y Francia avanzaron con normas puntuales para bajar la exposición de menores a las plataformas digitales y exigir mayor responsabilidad a las empresas tecnológicas.
Australia aplicó la Online Safety Act y endureció su marco normativo con reformas aprobadas hacia fines de 2024. Ese modelo prohíbe el acceso a redes sociales a menores de dieciséis años, incluso con autorización de padres o tutores.
Las autoridades australianas exigen a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y X la baja de cuentas de menores de esa edad. El control queda en manos del eSafety Commissioner, con la facultad de aplicar multas millonarias ante los incumplimientos.
El país oceánico también sumó verificaciones técnicas de edad para restringir el acceso infantil a sitios de contenido adulto y a ciertos sistemas de inteligencia artificial.
Francia aprobó una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de quince años. La iniciativa tuvo un respaldo parlamentario amplio, con ciento treinta votos a favor y veintiuno en contra en la cámara baja. A diferencia del modelo australiano, el esquema francés permite el acceso si hay un permiso verificado de madres, padres o tutores.
El presidente francés Emmanuel Macron defendió así: «El cerebro de nuestros niños y de nuestros adolescentes no está en venta. Las emociones de nuestros menores y de nuestros adolescentes no se venden ni se manipulan, ni por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos».
La ley francesa prevé multas severas, de hasta el uno por ciento de la facturación global mensual para las empresas que no apliquen mecanismos de verificación de edad. También pide que los celulares y otros dispositivos que se vendan en el país traigan controles parentales de fábrica.
El proyecto argentino toma esos antecedentes como punto de partida, pero arma su propio esquema. No copia la prohibición total de Australia ni se queda solo con el permiso familiar de Francia. Su diferencial está en la exigencia de domicilio jurídico local, presencia societaria y responsabilidad patrimonial en el país, un punto clave para que las sanciones no queden solo en el papel.
Soberanía digital y cuidado de la infancia
La convivencia social necesita respuestas frente a modelos tecnológicos que buscan retener la atención sin asumir del todo sus consecuencias, sobre todo cuando esos modelos alcanzan a niñas, niños y adolescentes en etapas decisivas de su desarrollo emocional, educativo y social.
El proyecto que ingresó en Diputados abre una discusión de fondo sobre soberanía digital, responsabilidad empresarial y cuidado de las infancias. La combinación de regulación estatal, controles técnicos, presencia legal efectiva y educación familiar puede ayudar a construir un entorno online más seguro.
Para la Argentina, el desafío pasa por proteger derechos sin frenar la innovación, con una premisa de fondo: el avance tecnológico no puede ir a costa del bienestar de las próximas generaciones.
Nota de R.: Este artículo acerca de las redes sociales fue publicado originalmente en Economía Sustentable.
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