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Un bloque amplio de entidades presentó un reclamo urgente ante el Senado de la Nación en un documento que alerta sobre los riesgos de los proyectos enviados por el Gobierno nacional y conocidos como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Súper RIGI.

Según las organizaciones firmantes del documento, que puedes descargar aquí, ambos textos no son iniciativas aisladas, sino piezas que funcionan de manera conjunta para quitar al país la soberanía sobre sus recursos naturales.

Las entidades señalan que este paquete legislativo busca facilitar la creación de enclaves en el territorio argentino. La región patagónica es el punto de mayor interés debido a sus reservas de agua dulce, minerales, energía y condiciones climáticas. Estos recursos resultan esenciales para los centros de datos y la infraestructura de inteligencia artificial que el Súper RIGI pretende atraer.

El impacto económico y laboral de los proyectos de ley

El costo de aprobar este paquete legislativo será territorial y además con un fuerte impacto fiscal y federal. La aplicación de estas normas implica que las provincias pierdan recursos impositivos fundamentales como Ingresos Brutos y Sellos.

Además, esta maniobra desfinancia el sistema previsional sin garantizar empleos masivos ni compensaciones económicas para las regiones afectadas, según advirtieron las entidades.

Micaela Sánchez Malcolm, representante de la organización Géneras, afirmó: «La imagen es precisa y alarmante: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las instancias que deberían vigilar».

«La Ley de Sociedades borra el rastro de quién compra, y el Súper RIGI blinda el negocio por tres décadas. No son reformas aisladas, es una arquitectura diseñada para el saqueo», agregó.

Micaela Sánchez Malcolm

Micaela Sánchez Malcolm, de Géneras, una de las organizaciones firmantes del documento entregado en el Senado.

Los riesgos jurídicos y la pérdida de control estatal

Luciana Ghiotto, del Transnational Institute, explicó las implicancias legales de la normativa. «El senador que apruebe esto estará cediendo la jurisdicción de su propia provincia por 30 años y convalidando una doble delegación inconstitucional».

«Las provincias y el Estado Nacional tendrán las manos atadas para hacer cumplir regulaciones laborales, medioambientales o de derechos humanos en general, porque el Súper RIGI otorga 30 años de estabilidad regulatoria para las corporaciones que entren al régimen. Cualquier cambio en la legislación puede provocar una avalancha de demandas multimillonarias en el CIADI», advirtió.

En la misma línea, Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), señaló que la reforma a la ley de tierras se suma al Súper RIGI y a la modificación de la Ley de Sociedades.

Estos cambios buscan eliminar las barreras que protegen los territorios para facilitar el ingreso de fondos de inversión, corporaciones y figuras como (los empresarios tecnológicos) Peter Thiel o Elon Musk.

«En plena crisis climática y disputa geopolítica por la tierra, el agua y la energía, renunciar a quién controla la tierra es renunciar a la soberanía y legitimar una nueva forma de colonialismo en el siglo XXI», sostuvo Micheloud.

La contradicción sobre la soberanía nacional

Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM), marcó una contradicción en la política oficial.

«Existe una contradicción insalvable, no podemos defender la soberanía de los territorios usurpados por Gran Bretaña en el Atlántico Sur y promover una ley de entrega del territorio continental. (El presidente Javier) Milei está llevando a cabo un plan sistemático de entrega para dejar a los 48 millones de argentinos mirando con la ñata contra el vidrio como se desintegra el territorio nacional. La justicia nos dio la razón, es inconstitucional. La soberanía es un bien tutelable», afirmó.

Florencia Gomez, del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas), agregó que la derogación de la Ley de Tierras es fundamental en el plan del gobierno.

«Derogarla además, implica perder los datos dominiales y catastrales sobre la tierra, el control sobre activos esenciales y favorecer la opacidad de las operaciones financieras sobre la tierra. Reniegan de cualquier forma de participación ciudadana y política de transparencia», dijo la especialista.

La hoja de ruta para la apropiación de territorios

El documento entregado al Senado detalla los tres pasos que siguen los proyectos para facilitar el control extranjero:

  1. La Ley de Inviolabilidad elimina el tope del 15% a la extranjerización, los límites de hectáreas y la prohibición de comprar tierras con lagos o ríos.
  2. La reforma societaria permite adquirir territorios a través de empresas opacas sin informar quién es el dueño real detrás de la operación.
  3. El Súper RIGI otorga 30 años de estabilidad fiscal y aduanera, impide el control del Estado y permite a las empresas demandar al país en tribunales internacionales.

Frente a este escenario, las organizaciones convocaron a una movilización nacional para el 6 de agosto ante el Congreso de la Nación, cuando se tratará el proyecto en el recinto del Senado. Exigieron el rechazo absoluto de ambas iniciativas. «Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza de la defensa nacional está en rechazar los dos», concluyeron.

Entre las entidades que respaldan este pedido se encuentran Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Asociación Gremial de Computación (AGC), Asuntos del Sur, ATTAC Argentina, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, Centro de Estudios para la Ciudad, Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas), Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Greenpeace Argentina, Equipo Transiciones, Encuentro Verde por Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Civil Géneras, Geopolítica y Bienes Comunes (GYBC), Iciudad, Jóvenes por el Clima, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial (LAIA), PACHAS – Movimiento Ecopolitico por el Buen Vivir, Salus Terrae, Taller Ecologista, La Iniciativa Common y el Transnational Institute (TNI).


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César Dergarabedian

Soy periodista. Trabajo en medios de comunicación en Buenos Aires, Argentina, desde 1986. Especializado en tecnologías de la información y la comunicación. Analista en medios de comunicación social graduado en la Universidad del Salvador. Ganador de los premios Sadosky a la Inteligencia Argentina en las categorías de Investigación periodística y de Innovación Periodística, y del premio al Mejor Trabajo Periodístico en Seguridad Informática otorgado por la empresa ESET Latinoamérica. Coautor del libro "Historias de San Luis Digital" junto a Andrea Catalano. Elegido por Social Geek como uno de los "15 editores de tecnología más influyentes en América latina".

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