La empresa Telecom presentó una nueva edición de su ciclo institucional Encuentros 4.0 destinado a abordar distintas perspectivas de la transformación digital en el ámbito de la Justicia, acelerada a partir de los espacios de virtualidad que se incorporaron a la vida de las personas y las organizaciones en los últimos dos años.
En este segundo encuentro, especialistas argentinos y extranjeros analizaron las instancias de un flagelo que se incrementó a partir del aumento de las transacciones en línea line, como son los delitos en entornos digitales.
Bajo el título “Delitos en entornos digitales: los desafíos de la Justicia”. distintos especialistas aportaron su visión sobre estos retos que están en desarrollo, tanto a nivel legislativo como procesal.
El rol y relevancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) quedó en evidencia a partir del contexto sanitario iniciado en 2020, donde se aceleró la incorporación de canales digitales para distintos intercambios económicos.
Según informó Telecom en un comunicado que me envió, en el último año y medio se registró un aumento del 2.000% en las transacciones digitales; más de 1,3 millones de personas en la Argentina se iniciaron en el comercio electrónico; y hubo un aumento del 227% en los pagos remotos con tarjeta de débito.
La otra cara de esta realidad muestra un aumento inusitado de los delitos efectuados en entornos digitales. Según datos aportados por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) en ese período se registraron un 565% más denuncias; los fraudes en línea crecieron más del 665%; el hackeo con software de «ransomware», 380%; y la difusión no autorizada de imágenes intimas, 373%.
Los especialistas del derecho y referentes académicos analizaron los avances en la norma asociada a este tipo específico de delitos y el desarrollo que aún debe transitar la academia para formar profesionales con experiencia en esta materia.
Con la conducción de la periodista María Eugenia Duffard, participaron especialistas:
- Noel Murray aportó el estado de situación de las iniciativas legislativas.
- Mauricio Fernández Montalbán, María Elvira Tejada de La Fuente y Marcos Salt debatieron sobre los desafíos de la cooperación internacional.
- Horacio Azzolin, Abel Cornejo y Manuel De Campos recorrieron sobre los nuevos escenarios del delito digital en la Argentina.
La exposición de estos expertos estuvo acompañada por la visión académica representada por autoridades de la Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino de San Miguel de Tucumán, la Universidad de Buenos Aires y la Ucema.
El encuentro se inició con repaso sobre el estado de situación parlamentario y los distintos proyectos que están en discusión en el ámbito legislativo nacional junto a un análisis normativo regional, con sus marcos regulatorios propios y las novedades en estudio en el corto y mediano plazo.
Como parte de los ejes temáticos destacados, se resaltó la necesaria cooperación internacional para aplicar una política penal común, encaminada a la protección de la sociedad contra el cibercrimen.
Los expertos reconocieron la importancia de la reciente incorporación de varios países de América latina, entre ellos la Argentina, a la Convención de Budapest, el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas.
La convención trata en particular de las infracciones de derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de la seguridad en redes. Contiene una serie de competencias y procedimientos, tales como la búsqueda de las redes informáticas y la intercepción de comunicaciones privadas.
Existen distintos grados de avance en la gestión y el tratamiento de los delitos tecnológicos, en España y Chile, por ejemplo, donde se han establecido protocolos de trabajo que sientan jurisprudencia internacional.
El cambio de paradigma en el tratamiento de los delitos mediados por la tecnología es otro de los ejes que abordaron los expertos. En este punto la mayoría coincide en la oportunidad de ampliar un esquema de trabajo interdisciplinario que contemple procedimientos y herramientas informáticas vinculadas con la ciberseguridad.
Desde el punto de vista académico, los referentes de las universidades destacaron que el perfil del investigador judicial vinculado al cibercrimen está en construcción y acompaña el avance de las nuevas modalidades delictivas.
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