«El futuro digital no es un destino garantizado, es un futuro que se construye», afirmó en un comunicado GSMA Latin America, una entidad que nuclea a empresas del ecosistema de las comunicaciones móviles, entre ellas los tres grandes operadores locales, Telecom, Telefónica y Claro.
«Día a día se generan nuevas aplicaciones, productos y servicios cuyo funcionamiento depende de la robustez de las redes de telecomunicaciones. El consumo mensual de datos móviles en América latina, actualmente de 11 GB por ‘smartphone’, se cuadruplicará a más de 40 GB para 2028. Este aumento de la demanda no es la única prueba que enfrentarán las redes móviles», destacó la entidad, en el comunicado que me envió.
Según las cifras de la GSMA, más de 230 millones de latinoamericanos y 22,8 millones de caribeños aún no están en línea debido a la existencia de brechas de uso y cobertura que tienen soluciones conocidas.
«Dependen de políticas públicas como el desarrollo de incentivos a la demanda, la reducción de las cargas tributarias que enfrenta la industria de telecomunicaciones y el uso efectivo y eficiente de los fondos de servicio universal. Adicionalmente, se debe enfrentar el reto de las inversiones necesarias para el despliegue de nuevas tecnologías y la ampliación y mejora de la calidad de las redes existentes. Estas inversiones son esenciales para impulsar una transformación productiva que permita a las economías ser competitivas y facilitar la innovación», expresó la asociación de empresas.
GMS Latin América destacó el crecimiento de los costos de los operadores de redes y otras asimetrías regulatorias, impositivas, comerciales, así como el problema de los altos costos por el uso del espectro.
Además pidió «un mecanismo de contribución justa, basado en un mercado de dos lados, beneficiaría a todo el ecosistema: usuarios, Big Tech generadoras de tráfico, proveedores más pequeños de contenidos y aplicaciones y operadores de redes. Esquemas en este sentido también incentivarían un manejo más responsable y eficiente del tráfico de los datos, sin perjudicar la experiencia del usuario, incrementando la flexibilidad inversora de los operadores de telecomunicaciones y reduciendo el impacto ambiental».
«El enfoque de contribución justa es esencial para una política de conectividad consistente con los principios de eficiencia y equidad, que se encuentre a la altura de los desafíos de la nueva era digital. No se puede atender los desafíos del futuro con las reglas del pasado», cerró la entidad.
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