La libertad de expresión estuvo bajo ataque en la Argentina durante el primer año del gobierno del presidente Javier Milei, según advierte un informe preparado por sindicatos de prensa y la carrera de ciencia de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Patotas digitales, doxeo (revelar información identificadora de una persona en línea, como su nombre real, dirección particular, lugar de trabajo) de periodistas, ataques furibundos del propio jefe de Estado ante la difusión de cualquier noticia que contradiga el relato oficial y una restricción creciente al acceso a información pública, son algunos de los ejes del informe «Libertad de expresión en la Argentina 2024», que se presentó el 9 de diciembre.
El balance sobre la libertad de expresión entre el 10 de diciembre de 2023 y el mismo mes de 2024 incluye la represión a trabajadores de prensa en coberturas de movilizaciones, el desguace y vaciamiento de medios públicos y el ataque a empresas periodísticas.
Todo eso detalla el trabajo acerca de la libertad de expresión elaborado por la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la carrera de ciencias de la comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
«Desde su llegada a la presidencia, los casos de agresión a periodistas protagonizados por el presidente Milei se multiplicaron. El hostigamiento no se limitó a casos aislados ni a expresiones vertidas a través de las redes sociales. El accionar incluye comentarios y citas injuriosas a las cuales le siguen los ‘posteos’ de ‘trolls’ o ‘patotas digitales’. Este fenómeno se reveló a lo largo de 2024 como una estrategia desplegada de manera sistemática por el actual gobierno», indica el informe acerca de la libertad de expresión.
El trabajo fue presentado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA) por la directora de la carrera de ciencias de la comunicación, Larisa Kejval; la secretaria general de Fatpren, Carla Gaudensi; el secretario general de Sipreba, Agustín Lecchi; y el vicedecano de la UBA, Diego de Charras, junto con Luis Lozano, un apreciado excompañero de trabajo de un servidor quien estuvo a cargo de la redacción y producción del informe.
También estuvieron los colegas Fabian Waldman, Sebastián Vricella, Claudia Acuña y Juan Delú, quienes dieron testimonio de los ataques contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos como política de gobierno.
De izquierda a derecha: Carla Gaudensi, Larisa Kejval y Luis Lozano.
La libertad de expresión bajo la administración Milei
El documento acerca de la libertad de expresión en la Argentina está estructurado en dos grandes secciones: la primera aborda el deterioro de las condiciones para el debate público y el ejercicio del periodismo; la segunda pone el foco en las retracciones en materia de políticas públicas y el rol del Estado en la comunicación, que incluye la habilitación y fomento de deterioro de las condiciones laborales de quienes trabajan de prensa. También analiza e incluye el ataque a las empresas periodísticas como unidades productivas y generadoras de empleo.
«En nombre de esta supuesta ‘batalla cultural’, el Gobierno y sus socios económicos han avanzado a lo largo del primer año de mandato en una serie de iniciativas concretas cuyo denominador común es la concepción del Estado como obstáculo a la acción de los poderes fácticos. El vaciamiento y los intentos de cierre de medios de comunicación y organismos públicos vinculados con la comunicación y la cultura han sido una constante desde las primeras semanas de gestión», señala el trabajo.
Al analizar el impacto del doxeo, que consiste, según la definición del informe, en la difusión de información personal o documentos privados con el objetivo de dañar a una persona o grupo, la investigación retoma el trabajo «Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura«, que presentó Periodistas Argentinas en septiembre.
«Un dato preocupante es que 80% de las periodistas censadas considera que se siente inhibida de manifestarse en redes por temor al acoso y los ataques, el mismo porcentaje expresó que temió o teme por su integridad física, y un tercio cambió de puesto de trabajo», indica el relevamiento acerca de la libertad de expresión.
«Creemos que este trabajo es clave para precisar cada uno de los ataques y los patrones de los que están siendo víctimas los compañeros y las compañeras, que a su vez afectan el derecho a la información de toda la sociedad argentina», expresó también, a través de un video, Zuliana Laínez, vicepresidenta de la FIP.
Los autores del informe acerca de la libertad de expresión dijeron que continuarán con el trabajo y «documentando las restricciones al derecho a la comunicación, porque consideramos –expresaron– que es una herramienta clave para testimoniar y accionar en tiempos de creciente autoritarismo y silenciamiento de las voces críticas».
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