Producción de alimentos: cuando el cambio es discriminación


El nuevo manual del programa “Cambio rural” establece que solo productores nacidos en la Argentina e hijos de ciudadanos nativos accederán a sus beneficios.

La medida es discriminatoria y le quita asistencia técnica a emprendimientos que buscan producir con menos químicos.

En septiembre se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 249-E/2017, que aprueba el nuevo manual operativo del programa de asistencia técnica a pequeños productores, con modificaciones que paradójicamente excluirán a muchos de ellos.

A partir de ahora, un requisito para acceder a este beneficio sorprende por lo explícito y por institucionalizar la discriminación:

“Ser nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo”.

En las justificaciones de la nueva norma se considera que “el programa ha ido desviándose paulatinamente del fundamento de su acción” y que, “como consecuencia, a pesar del esfuerzo empleado y recursos invertidos, los resultados obtenidos no alcanzan para posicionar a la pequeña y mediana empresa rural en los niveles óptimos y necesarios de eficiencia productiva”.

“Es clarísimo que apunta a los productores bolivianos”, cuestionó ante la agencia TSS el geógrafo Andrés Barsky, coordinador de investigación en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que investiga temas vinculados con el ordenamiento territorial periurbano y el avance de la ciudad sobre zonas productivas.

“Hacer un diagnóstico diciendo que el programa se desvirtuó es imponer la idea de que la agricultura familiar no merece ser alcanzada por este tipo de programas. En la concepción del Gobierno actual, la producción familiar es de tan baja escala que no merece ser contemplada dentro de las políticas del Ministerio de Agroindustria, sino que tienen que entrar dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Aparece el concepto de ayuda y entonces Agroindustria no tiene que ocuparse de ellos, sino orientarse a las grandes agriculturas vinculadas con los cultivos que el país exporta, como soja, trigo, maíz y girasol”, afirmó Barsky.

Sin embargo, son los agricultores familiares que rodean los sectores urbanos y periurbanos los que producen una parte importante de los alimentos que llegan a diario a la mesa de todos los habitantes del país.

Si bien no hay estadísticas actualizadas —el último censo en el sector es del año 2002— existen diversas estimaciones que dan cuenta de los cambios en este entramado productivo, que hoy está conformado en su mayoría por familias de origen boliviano.

En un artículo de Barsky del año 2015, publicado en la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, se calcula que más del 80% de la producción de verduras de la región metropolitana bonaerense es trabajada por manos bolivianas o sus descendientes argentinos, que producen entre 150.000 y 280.000 toneladas de verduras y hortalizas por año.

Muchos de ellos comenzaron como peones y medieros y hoy son propietarios y puesteros de mercados.

“Casi no hay productores nacionales de hortalizas frescas. De acuerdo con la gente con la que me relaciono, diría que más del 95% de las producciones de hortalizas son de origen boliviano. De ellas, el 80% proviene de la región agraria de Tarija y el resto son paceños, potosinos y cochabambinos”, estimó ante la agencia TSS el ingeniero agrónomo Javier Scheibengraf, coordinador del Consultorio Técnico Popular de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y consultor de organizaciones y organismos públicos.

Scheibengraf dice que esta situación es similar en todos los cordones agrícolas periurbanos de la Argentina.

Futuro por pasado

El programa fue creado en el año 1993 con el objetivo de mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores, mientras que para los más pequeños se creó, en ese mismo año, el Programa Social Agropecuario (PSA).

“En ese entonces, nos parecía que con ‘Cambio rural’ se intentaba que aquellos productores que tenían algún grado de capitalización, con algo de apoyo tecnológico podían subirse al tren de la modernización, mientras que los destinatarios del PSA, si no había cambios estructurales, no tenían posibilidad de hacerlo”, recordó ante la agencia TSS Carlos Carballo, coordinador responsable de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (CALISA-FAUBA).

Según Scheibengraf, los productores familiares “invierten entre 400.000 y 500.000 pesos al año por hectárea y son los que están financiando todo el sistema”.

Y ejemplificó: “Alquilan la tierra, compran los plantines en efectivo, pagan la mano de obra de quienes los ayudan, les pagan a prestamistas, hacen lo que pueden para llevar adelante esa producción, compran hasta los cajones vacíos y los llenan con las verduras que ellos mismos ya vienen financiando, las suben al camión y tienen que esperar una semana para cobrar al precio que les dicen que la vendieron”.

Carballo dijo que la nueva resolución afectará principalmente a las unidades productivas “más innovadoras y transformadoras”, al menos en el área hortícola bonaerense —la más importante del país—, donde se estima que hay alrededor de 2.500 productores, de los cuales solo 27 grupos se beneficiaban con la asistencia de “Cambio rural”.

“Es decir, son menos del 10 por ciento del total, pero son los más inquietos y los que están avanzando en procesos de transición agroecológica, preocupados por la salud, el ambiente y la calidad de los alimentos que estamos produciendo”, destacó el especialista.

Carballo advirtió que “el golpe fundamental no pasa por lo cuantitativo sino porque eran los grupos que, con mucho esfuerzo, estaban acometiendo el desafío de empezar a producir con menos químicos. Algunos ya están muy avanzados en este proceso, pero si los dejan sin acompañamiento técnico es probable que muchos queden en el camino”.

Para Nahuel Levaggi, representante de la UTT, organización que nuclea a 8 mil familias productoras de origen boliviano, “el problema es que también cierra las puertas para adelante y es un cambio de política que institucionaliza la discriminación”.

Por eso, tras conocer la resolución publicada en el Boletín Oficial, la UTT presentó una denuncia en el INADI.

Carballo dijo que la nueva resolución afectará principalmente a las unidades productivas “más innovadoras y transformadoras”, al menos en el área hortícola bonaerense —la más importante del país—, donde se estima que allí hay alrededor de 2.500 productores, de los cuales solo 27 grupos se beneficiaban con la asistencia de “Cambio rural”.

Política de exclusión

La agricultura familiar está compuesta por un grupo diverso y heterogéneo de productores y productoras, incluidos los pueblos originarios, preocupados por las políticas públicas que han proliferado desde el cambio de Gobierno.

En septiembre se difundió un comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina, en el cual esta agrupación reclamó también por las modificaciones realizadas en el Monotributo Social Agropecuario y en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), “todas con sesgo excluyente y discriminatorio, sumadas al vaciamiento y desfinanciación de las áreas del Ministerio de Agroindustria vinculadas al desarrollo de la agricultura familiar, campesina e indígena, que junto con la apertura indiscriminada de las importaciones y los impactos de los tarifazos muestran a las claras el carácter concentrador del modelo económico que lleva adelante el Gobierno”.

Frente a esta situación, reclamaron que se sancione una ley de emergencia alimentaria “que fomente la producción popular de alimentos y promueva la soberanía alimentaria”, que se prorrogue la ley de emergencia territorial 26.160 (que se debatió sobre tablas en la Cámara de Senadores el 7 de septiembre pasado pero obtuvo una mayoría de votos en contra) y que se reglamente la Ley de Reparación Histórica para la agricultura familiar, así como la desmilitarización y salida de la Gendarmería de los territorios mapuche, el fin de los allanamientos ilegales de sus comunidades y la aparición con vida de Santiago Maldonado.

“Hay una situación de crisis general en el sector por las condiciones macroeconómicas, la devaluación, el achicamiento del mercado interno y la importación de diversos productos, desde tomate hasta cerdo, que compiten directamente con la producción de nuestros compañeros. A esto se suma que recortan las políticas de fortalecimiento y promoción a los pequeños productores, junto con una medida que supera lo meramente productivo, ya que es discriminatoria”, dijo Levaggi, citado por la agencia TSS.

El representante de UTT advirtió sobre las condiciones de vida y trabajo que enfrentan los productores.

“Una familia alquila entre una y tres hectáreas a gente que vive principalmente de la renta agraria, arman una casilla de madera precaria, porque por contrato no pueden construir algo de material, y viven para producir. Invierten en una tierra que no es propia y están expuestos a temporales y granizo. La verdura que come el pueblo argentino está subsidiada por la vida precaria de las familias trabajadoras de la tierra. Por eso estamos protestando con verdulazos y presentamos un proyecto de ley de acceso a la tierra”, concluyó.

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