La búsqueda de fuentes de energía renovables, limpias y rentables es un problema que, en mayor o menor medida, enfrentan todos los países.
La experiencia de algunos les sirve a otros tanto para adaptar estrategias exitosas en otras latitudes como para descartar fórmulas que no funcionaron.
Las acciones para combatir el cambio climático redundan en un beneficio para todos los habitantes de la Tierra.
Con esa idea y la mirada puesta en América latina, la Fundación Innovación y Tecnología (Funintec) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) dedicó la segunda edición de su programa «Futuros» al tema de la energía.
El encuentro, que se realizó del 2 al 7 de octubre en el Campus Miguelete, contó con la participación de especialistas del país y la región interesados en el desarrollo de soluciones de carácter tecnológico para problemas medioambientales.
Uno de los paneles destacados estuvo conformado por la economista Eliana Melognio, asesora de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, quien describió la transformación de la matriz energética de Uruguay, y por el especialista en planificación energética Jerson Reyes, quien abordó la experiencia del desarrollo del sistema eléctrico en Chile.
Melognio es asesora del Gobierno uruguayo desde 2008, año en que el Estado puso en marcha una política energética a largo plazo para transformar la matriz del país.
Hasta entonces, Uruguay había dependido en gran medida de las importaciones: llegó a importar energía eléctrica de Brasil a 500 dólares el megavatio, cinco veces más caro que el costo promedio actual.
“Por primera vez en la historia, conseguimos implementar una política de Estado en materia energética que integra aspectos medioambientales, tecnológicos y sociales. Uno fundamental fue que se logró que todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo con lo que se estaba planteando”, señaló la economista, citada por la agencia TSS.
Según Melognio, la estrategia se basó en cuatro ejes:
- El institucional, que postuló al Estado como ente coordinador de la participación de actores privados a través de la creación de un marco regulatorio transparente.
- El de la oferta, enfocado en la diversificación de fuentes y el desarrollo de capacidades nacionales en energías renovables.
- El de la demanda, abocado a darle un fuerte impulso a la eficiencia energética.
- El social, que concibió la energía como derecho humano.
Se propusieron metas de corto, mediano y largo plazo; entre ellas, llegar a un 50% de energías renovables en la matriz y que el 25% correspondiera a energías renovables no convencionales.
Al respecto, la especialista señaló que, de acuerdo con el plan, las bioenergías debían tener triple finalidad: electricidad, calor y combustible.
“Para la energía eólica hubo que trabajar muchísimo. Uno de los primeros pasos fue la elaboración de un mapa eólico, para el que tuvimos que efectuar una medición de los vientos. Una vez analizado el recurso, se desarrollaron los estudios económicos de viabilidad”, detalló Melognio, quien también habló los desafíos sociales.
“Uno de ellos fue explicarles a los propietarios de la tierra los beneficios de apostar a esa transformación energética. Como todo cambio estructural, generó diversos argumentos de rechazo. Algunos creían que los molinos iban a afectar a las vacas. En este sentido, es muy importante brindar información e involucrar a la gente en el proceso”, remarcó.
Uruguay tiene hoy 1469 megavatios de potencia eólica instalada y en algunos parques se llegó al 44% de componentes nacionales.
En paralelo, para impulsar la energía solar térmica, Uruguay aprobó en 2009 una ley dirigida al sector comercial y de servicios que exigió la instalación de colectores solares en emprendimientos nuevos.
Para el sector residencial, se implementó el Plan Solar 2012, que brindó ayuda económica a los hogares para que pudieran afrontar la inversión inicial en la compra de colectores.
Para la energía solar fotovoltaica se realizó un proyecto piloto en conjunto con el Gobierno de Japón para la instalación de un parque en el norte de Uruguay y se apostó además por las plantas de celulosa, cuyo insumo es la biomasa.
En cuanto a biocombustibles, Uruguay tiene hoyu dos plantas de biodiésel y dos de etanol. Se llegó a un corte de 7% de biodiésel con gasoil y de 10% para la mezcla de etanol y nafta.
“Para que una política energética sea exitosa hay que tener la convicción de realizar los cambios y lograr consensos. Eso se logra a partir de estudios técnicos serios, de brindar información para bajar el grado de incertidumbre y de aprender haciendo con proyectos piloto que permitan conocer la tecnología y apoderarse de ella”, apuntó la especialista.
En 2015, la matriz energética uruguaya alcanzó un 57% de renovables y superó la meta planteada originalmente.
Para este año, se estima que la energía eólica llegará al 35% de participación en la producción eléctrica.
Para contar el caso de Chile, Reyes abordó los procesos transitados y los nuevos desafíos en un sector que considera “proclive a la innovación tecnológica”.
Según el especialista, la complejidad de los diversos escenarios fue acompañada por leyes que facilitaron una apertura e infraestructura adecuadas para expandir el sistema eléctrico.
“Las licitaciones de energía son la base de la apertura del mercado en Chile. Una licitación bien hecha genera un precio bajo”, aseguró y explicó que, para generar competencia y evitar un monopolio, la generación, transmisión y distribución de la energía debió separarse en tres negocios distintos.
Las energías renovables cobraron fuerza en el país trasandino a partir de 2013, con una ley que obligó a los entes generadores a utilizar alternativas renovables.
Al igual que en Uruguay, se logró un consenso que brindó garantías a futuro, más allá de un cambio de Gobierno.
Para el 2035, Chile estableció como meta que un 60% de su energía eléctrica deberá ser producida por fuentes renovables.
Reyes también se refirió al caso de España como ejemplo de una experiencia no fructífera: “Si bien allí se implementó un fuerte incentivo en energía solar fotovoltaica, la presencia de paneles en las casas se expandió tanto que, al final, hubo que cobrar un impuesto al sol, dado que los hogares comenzaban a desconectarse de la red eléctrica. En este sentido, el crecimiento distributivo es necesario, pero hay que trabajarlo con precaución y según la estrategia más adecuada para cada país”, advirtió.
