«La piratería (de contenidos audiovisuales en vivo) factura más de 100 millones de dólares por año» en la Argentina, advirtió Pablo García de Castro, director regional de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) para el Cono Sur.
García de Castro fue uno de los expositores en el segundo seminario regional antipiratería, que abrió el 7 de octubre las Jornadas Internacionales 2024 de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA), en el hotel Hilton de Buenos Aires.
En el panel «Dimensión e impacto de la piratería en la Argentina y América latina», García de Castro indicó que en el país «la cantidad de usuarios únicos que consultan contenido en vivo se triplicó en los últimos años», de acuerdo con un estudio realizado por esta organización.
«En 2020 habíamos encontrado más de 5 millones de usuarios que consumen piratería de contenido en vivo. Hoy supera los 14 millones, en su mayoría, por eventos deportivos, sobre todo fútbol», dijo García de Castro.
Además, se registró «un aumento de cantidad de clics para acceder al contenido, que ha pasado de cuatro a siete clics. Esto implica un crecimiento del negocio, de los anunciantes que pagan para estar en estos sitios. Esto redunda sobre el riesgo de privacidad y seguridad de los usuarios», advirtió.
«El 70 por ciento de anuncios corresponde a apuestas deportivas, es decir, la publicidad del juego soporta la piratería, y esto es un riesgo creciente», dijo García de Castro, quien afirmó que «la piratería es un negocio concentrado y articulado. Estos sitios ilegales tienen relevancia en toda la región de América latina».
En el panel «Piratería: cómo afecta al negocio en la era digital», Sergio Piris, gerente de asuntos penales, delitos tecnológicos, antipiratería y requerimientos judiciales de Telecom Argentina, informó que esta empresa trabaja «de manera interdisciplinaria para abordar la antipiratería, lo hace a nivel preventivo dándole de baja a las distintas plataformas y de forma muy activa a la hora de hacer denuncias penales».
«Toda mención ilegal a la marca Flow y Personal la damos de baja inmediatamente con herramientas acordes. Se trata de infracciones de propiedad intelectual, y se debe ser más contundente con las sanciones. Los bloqueos deben ser ordenados judicialmente», explicó
Carlos del Campo Colas, director adjunto a la Presidencia de LALiga, comentó: «Se han simplificado muchísimo las herramientas de acceso al contenido ilegal. A nosotros, LALiga, nos afecta directamente sobre los ingresos. España es el cuarto país en cantidad en consumo de piratería con más un 30 por ciento. Y una cifra escalofriante. En Europa vamos a la cabeza».
Nilton Navarrete, gerente legal sénior para asuntos comerciales y legales de la empresa Paramount, dijo que es necesario «hacer una concientización del efecto negativo que provoca la piratería. Lo minimizan, pero deben entender que nada es gratis».
Francisco Berdaguer, abogado consultor de Red Intercable, recordó que «el año pasado hicimos hincapié en las aplicaciones, este año se suman las cajas, naturalizadas como algo legal, que se venden en cadenas de retail. La realidad del operador del cable del interior es terrible frente a la piratería. Si algo se viraliza en una ciudad pequeña, nadie quiere consumir pagando. A menor unidad económica, mayor impacto negativo».
Combate legal y tecnológico contra la piratería
En el panel «Desafíos para prevenir y atacar este flagelo», Ignacio Estrada, gerente de relaciones estratégicas del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe (Lacnic), aseguró que el bloqueo de sitios es algo «complejo» y «no es una forma efectiva de combatir la piratería, dado que existen otros caminos para acceder en forma inmediata».
Mike Caruso, gerente de investigación y desarrollo de Telecom Argentina, informó que desde hace dos años la empresa trabaja con una herramienta de ciberseguridad que les permite colaborar con la antipiratería.
«Mediante la tecnología identificamos, procesamos, clasificamos y reportamos los accesos ilegales. De esta manera, podemos definir cómo avanzar con los bloqueos», dijo Caruso.
Claudio Leyer, gerente senior de Tecnología de Telecom Argentina, agregó: «Los accesos ilegales atacan nuestros contenidos» en las redes de entrega y «saturan los servicios. Esto afecta a los usuarios. Estamos desarrollando herramientas paliativas. La solución definitiva sería el control de concurrencia que todavía no se usa en el mundo. Por ahora es inviable».
Diego Alberto Stofella, jefe regional de Investigaciones de Vrio, dijo que «es fundamental tener coordinación con fuerzas policiales, con fiscalías y con otros miembros de la industria. Cualquiera puede hacer la denuncia e informarnos del delito. Cuando nos ha tocado intervenir, con colaboración de otros actores, y se ha llegado a un allanamiento antipiratería, el 100% de los resultados fueron positivos».
Adrián Luengo, gerente de seguridad corporativa, control de fraude e investigaciones de Vrio para el Cono Sur, detalló que las personas involucradas en dos casos recientes de piratería «son jóvenes con ciertos conocimientos técnicos, que se van perfeccionando».
En el panel final del seminario antipiratería, «Herramientas de la Justicia para combatir la piratería», Horacio Azzolin, fiscal General de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) destacó que «hay herramientas legales que todavía faltan. La Argentina se ha caracterizado por muy buenas leyes de propiedad intelectual, pero hay elementos que nos faltan. Hay una cuestión normativa complicada, y una investigativa que falta».
Fernando Couto, socio fundador del estudio Couto, dijo que la unidad reguladora de Uruguay (Ursec), generó un grupo de trabajo que permite una gestión más ágil en la lucha antipiratería. «Contamos con dos tipos de bloqueos, uno por 30 días y otro reservado a eventos en vivo», añadió.
Heber Martínez, consejero delegado de Certal USA, dijo que «el perjuicio de 29 billones de dólares que genera la piratería, también genera perjuicios a los Estados por el impacto impositivo. Certal es una organización joven que trabaja con la Justicia en una ardua tarea de concientización sobre el daño o perjuicio económico de la piratería a nivel internacional», finalizó.
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