La represión policial volvió a sacudir el corazón de Buenos Aires. Frente al Congreso de la Nación, la violencia gubernamental contra una marcha pacífica de jubilados -apoyados esta vez por dirigentes religiosos de distintas tradiciones- dejó el 14 de mayo heridos, detenidos y una nueva herida en la convivencia democrática argentina, cometida desde el Gobierno nacional.
El hecho de represión, que involucró gases lacrimógenos y golpes a referentes de fe claramente identificados, generó un inmediato y enérgico repudio de organizaciones religiosas y de derechos humanos, y puso en evidencia la tensión creciente entre la administración Milei y los jubilados, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Desde hace meses, cada miércoles, jubilados se concentran frente al Congreso para reclamar una mejora urgente de sus haberes y alternativas a la moratoria previsional.
El reclamo es claro: pensiones dignas que permitan cubrir necesidades básicas y acceso a salud y medicamentos, derechos que, denuncian organizaciones sociales, son erosionados por las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei.
La situación de los jubilados se ha vuelto muy crítica, con ingresos que no alcanzan para cubrir la canasta básica y una inflación que golpea especialmente a quienes dependen de una jubilación mínima.
En este contexto, el Gobierno nacional respondió con una política de endurecimiento del control del espacio público. El “protocolo antipiquetes”, impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, autoriza a las fuerzas de seguridad a intervenir con dureza en la represión ante cortes de calles y manifestaciones, priorizando la “libre circulación” sobre el derecho a la protesta.
La aplicación de este protocolo ha sido sistemática y, según denuncian las organizaciones sociales y de derechos humanos, cada vez más violenta.
Mesa Ecuménica por la Vida, la Democracia y el Bien Común: fe y compromiso social
Ante la escalada represiva, la Mesa Ecuménica por la Vida, la Democracia y el Bien Común decidió acompañar la marcha del 14 de mayo. Esta mesa es un espacio interreligioso integrado, entre otras organizaciones, por:
- El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
- Los Curas en Opción por las y los Pobres (OPP).
- La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).
- El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).
- La Pastoral Social Evangélica (PSE).
- La Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref).
- La Fundación Hora de Obrar.
- La Red Nacional de Mujeres Argentinas Construyendo Comunidad, Sororidad & Fe.
- Los Curas Villeros.
- La Iglesia Anabautista Menonita de Buenos Aires (IAMBA).
Su objetivo es promover la defensa de la vida, la democracia y el bien común, articulando la voz de distintas tradiciones religiosas en favor de la justicia social y los derechos humanos.
La Mesa Ecuménica representa una articulación inédita en el campo religioso argentino. Su integración plural -cristianos, judíos, musulmanes, pueblos originarios y otras espiritualidades- le otorga una voz potente en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.
La Mesa se define por su compromiso con los sectores más vulnerables y por el impulso de una ética del cuidado, la solidaridad y el bien común, en contraposición a lo que denominan “la actual escalada individualista y cruel del ‘sálvese quien pueda’”.
En sus comunicados, la Mesa enfatiza la dimensión profética de su accionar: “este perseverante gesto colectivo de los miércoles es un gesto profético: dice, de parte de Dios, lo que está mal, lo que urge corregir”.
Para sus integrantes, la defensa de los jubilados es también una defensa de la democracia y de los valores fundamentales de la sociedad argentina.
La convocatoria de la Mesa Ecuménica para el 14 de mayo fue amplia y plural: “Desde la fe abrazamos y bendecimos a jubiladas y jubilados”, afirmaba el comunicado de la organización, invitando a representantes de comunidades cristianas, judías, musulmanas, de pueblos originarios y otras espiritualidades a sumarse al gesto solidario frente al Congreso.
La consigna era clara: “Justicia, justicia perseguirás, para poder vivir…” (Deuteronomio 16, 20), y el llamado era a expresar el compromiso con el prójimo y la dignidad de los mayores.
De izquierda a derecha: Gerardo Oberman y «Paco» Olveira.
La represión: relato de una jornada brutal
Lo que debía ser un acto simbólico de acompañamiento y oración se transformó en una escena de violencia y represión inusitada. Al llegar al Congreso, los referentes religiosos y los manifestantes se encontraron con el espacio completamente vallado, una situación inédita en las semanas anteriores.
Las fuerzas de seguridad, bajo órdenes del Ministerio de Seguridad, desplegaron un operativo de represión que incluyó gases lacrimógenos, golpes y empujones, incluso contra quienes estaban claramente identificados como líderes religiosos.
Entre los agredidos por la represión, según informó el medio digital Mundo Cristiano, estuvieron el pastor Gerardo Oberman, de las Iglesias Reformadas; el padre Paco «Olveira», de Curas en Opción por los Pobres; Luis María Alman Bornes, de la Iglesia Anabautista Menonita; el padre Rodolfo Viano, franciscano; el diácono Ricky; el pastor pentecostal Diego Mendieta; la pastora metodista Viviana Pinto; Daniel Beros y Javier Gross, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata; Elsa Oshiro, presidenta del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y el dirigente social Esteban “Gringo” Castro, entre otros[2].
Oberman, sobre quien puedes leer más en estos artículos publicados en Bahía César, relató así lo sucedido al medio citado:
“Desde la Mesa Ecuménica por la Vida, la Democracia y el Bien Común, conformada por diversos espacios de fe (católicos, evangélicos, protestantes) y también invitando a otras expresiones de fe no cristiana, quisimos expresar nuestra solidaridad ante los justos reclamos semanales de personas jubiladas y pensionadas que no alcanzan a cubrir sus necesidades mínimas ni acceder a salud de calidad y medicación por causa de las políticas de ajuste del actual gobierno».
Oberman agregó:
“La idea era orar, expresar desde la fe que nuestra vocación es acompañar los reclamos por justicia, dignidad y plenitud de vida. Pero, enteradas las fuerzas de seguridad de esta actividad, vallaron todo el Congreso impidiendo la realización de la oración. Al intentar reunirnos en otro espacio para orar o definir cómo continuar, las fuerzas represivas generaron un caos innecesario, gaseando, golpeando y maltratando a todos los referentes de fe presentes”.
El pastor también contextualizó la escalada de represión:
“La semana anterior habían golpeado e intentado detener al Padre Paco, de Curas en Opción por los Pobres. Y por esa razón esta semana quisimos ir más personas desde espacios de fe”.
A la izquierda, Gerardo Oberman luego de la represión policial.
La brutalidad del operativo de represión fue denunciada en un comunicado de la Mesa Ecuménica:
“Este ensañamiento con quienes buscábamos solo expresar nuestra solidaridad, orar y abrazar a los representantes de las organizaciones de jubiladas y jubilados fue y seguirá siendo absolutamente abusivo e innecesario”.
Solidaridad y repudio: la reacción de las organizaciones religiosas
La represión generó una ola de solidaridad y repudio por parte de organizaciones religiosas y de derechos humanos. La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) expresó en un comunicado:
“La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas expresa su más enérgico repudio al actuar represivo de las fuerzas de seguridad que siguiendo órdenes del Ministerio de Seguridad atacan con violencia a quienes pacíficamente reclaman por los derechos de jubilados y jubiladas a vivir con dignidad. Este miércoles 14 de mayo la represión se extendió también a pastores y sacerdotes que con sus atuendos religiosos – y claramente identificados como tales- se encontraban acompañando la marcha de jubilados y jubiladas”.
La FAIE subrayó:
“Acciones como estas no pueden naturalizarse. No nos podemos acostumbrar a que las fuerzas de seguridad repriman criminalmente a jubilados y jubiladas, periodistas y ahora también a sacerdotes y pastores. Exigimos a la ministra de Seguridad y al Gobierno Nacional que pongan fin al protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, porque tal como advertimos desde su promulgación, el mismo solo se utiliza para reprimir y amedrentar a quienes expresan su rechazo a un modelo de ajuste en el cual los jubilados y jubiladas se llevan la peor parte”.
La Iglesia Evangélica Metodista Argentina también manifestó su solidaridad:
“A las múltiples formas de violencia, que se manifiestan en el país, decimos ¡no! A la violencia del Estado frente al derecho a la protesta en forma pacífica, decimos ¡No! Seguimos afirmando que la respuesta violenta no es un camino posible en democracia como contestación a las demandas legítimas de diferentes sectores de la sociedad y, en particular, de nuestras jubiladas y jubilados, quienes levantan su clamor pidiendo justicia”.
La Pastoral Social Evangélica, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en Argentina (CEICA), junto a otras organizaciones, se sumaron al repudio contra la represión y exigieron respeto a la libertad de expresión y a la actividad pastoral y solidaria.
El conflicto de fondo: jubilados, ajuste y democracia
La represión del 14 de mayo no puede entenderse fuera del contexto de las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Milei.
El oficialismo promueve y aplica recortes en el gasto público y una reforma previsional que, según denuncian los jubilados y las organizaciones sociales, profundiza la precarización de los mayores.
La eliminación de la moratoria previsional y la falta de actualización de las jubilaciones frente a la inflación han generado una situación de emergencia social.
El Gobierno justifica el endurecimiento del control del espacio público y la represión en la necesidad de garantizar el orden y la circulación.
Sin embargo, la aplicación del protocolo antipiquetes es cuestionada por organismos de derechos humanos y por la propia Iglesia Católica, que advierten sobre el riesgo de criminalizar la protesta social y de erosionar los principios democráticos.
La voz de la fe ante la represión
La represión a referentes de fe -que acudieron al Congreso a orar y a expresar su solidaridad con los jubilados- fue percibida como un ataque no solo a la libertad religiosa, sino también a la tradición argentina de compromiso social de las iglesias.
Oberman advirtió:
“A Jesús quisieron callarlo con la represión del imperio y no pudieron. Tampoco podrán con el pueblo en unidad y con los diversos espacios de fe abrazando al pueblo”.
La FAIE, en su declaración, reafirmó:
“Nos sostiene la certeza de que Dios da su bendición a quienes trabajan por la justicia”.
Las organizaciones religiosas anticiparon nuevas acciones para exigir respeto a la libertad de expresión y al derecho a la protesta pacífica.
La Mesa Ecuménica, la FAIE, la Pastoral Social Evangélica, CETELA, CEICA y otras agrupaciones se comprometieron a seguir acompañando a los jubilados y a todos los sectores vulnerables.
La sociedad argentina, en su diversidad, enfrenta el desafío de reconstruir el diálogo democrático y de garantizar que la protesta social no sea criminalizada.
La presencia de la fe en la calle, abrazando a los más débiles, es un recordatorio de que la justicia y la dignidad no pueden ser reprimidas.
Como concluyó la Mesa Ecuménica en su comunicado:
“Este ensañamiento con quienes buscábamos solo expresar nuestra solidaridad, orar y abrazar a los representantes de las organizaciones de jubiladas y jubilados fue y seguirá siendo absolutamente abusivo e innecesario”.
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