Estados Unidos lanzó el 3 de enero de 2026 ataques aéreos contra instalaciones civiles y militares en Venezuela bajo la denominada «Operación Absolute Resolve», en la que fueros secuestrados y trasladados al país norteamericano el líder chavista Nicolás Maduro y su esposa.
Ante esta agresión, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR) emitieron por separado comunicados que condenaron la acción y llamaron al respeto del derecho internacional.
Los ataques estadounidenses impactaron bases militares en Venezuela como Fort Tiuna y la Base Aérea de Miranda en Caracas, el puerto de La Guaira y antenas en Cerro El Volcán,
La operación, que evoca invasiones estadounidenses previas como la de Panamá en 1990, busca un cambio de régimen en Venezuela que favorezca los intereses de la Casa Blanca. El Gobierno venezolano no informó oficialmente si hubo víctimas por los ataques estadounidenses.
El secretario general del CMI, Jerry Pillay, emitió una declaración donde condenó enfáticamente los ataques de EE.UU. en Venezuela. Describió las acciones, incluyendo el secuestro de Maduro y su esposa, como «violaciones flagrantes y sorprendentes del derecho internacional» que establecen un precedente peligroso para el uso de la fuerza armada en objetivos políticos.
El CMI reclamó el cese inmediato de los ataques y el respeto a la soberanía de Venezuela y principios internacionales. Esta posición alinea con pronunciamientos previos del organismo sobre conflictos como en Gaza o Ucrania.
Desde su sede en la ciudad suiza de Ginebra, el Consejo Mundial de Iglesias, que representa a más de 580 millones de cristianos en todo el mundo, expresó su «profunda alarma y rechazo» ante el uso de la fuerza militar como mecanismo para resolver disputas políticas.
«Como comunidad de iglesias que buscan la justicia y la paz, no podemos permanecer en silencio ante actos de agresión que ponen en riesgo la vida de miles de inocentes», afirmó el CMI el comunicado.
La organización enfatizó que la soberanía de los pueblos es un principio innegociable y que cualquier intervención externa solo sirve para profundizar las heridas de una sociedad que ya enfrenta desafíos significativos.
«La historia nos ha enseñado que las intervenciones militares en América latina solo dejan un rastro de dolor, división y pobreza estructural», advirtió el consejo.
En el caso del CMIR, su llamado a la solidaridad y justicia en la crisis venezolana refleja una postura similar de condena a la violencia. La organización, que agrupa iglesias reformadas de todo el mundo, aboga por respuestas pacíficas a crisis humanitarias, alineándose con el CMI en defensa del derecho internacional.
«Hacemos un llamado a la solidaridad global con el pueblo venezolano, que hoy se despierta bajo el estruendo de las bombas. Nuestra fe nos exige estar del lado de los vulnerables y denunciar a los poderes que utilizan la violencia para imponer sus intereses económicos y políticos», señaló en su comunicado la organización desde su secretariado en la ciudad alemana de Hannover.
El organismo reformado destacó que el impacto de esta agresión militar recaerá de manera desproporcionada sobre la población civil, afectando el acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos que ya estaban bajo presión.
La CMIR pidió a sus iglesias miembros en todo el mundo que inicien jornadas de oración, pero también de incidencia política ante sus respectivos gobiernos para presionar por una salida pacífica.
«La justicia y la paz se besan», citó esta organización en su comunicado, recordando que no puede haber estabilidad en la región mientras se ignore el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano.
Explosión en Caracas el 3 de enero de 2026.
El derecho internacional en jaque por el ataque de EEUU a Venezuela
Ambas organizaciones coincidieron en un punto crítico: la erosión del derecho internacional. El ataque del 3 de enero de 2026 fue visto por los líderes eclesiásticos como un precedente peligroso que debilita las instituciones globales encargadas de mantener la paz.
El CMI recordó que la situación en Venezuela requiere una solución «venezolana», facilitada por la comunidad internacional pero libre de coacción militar. El uso de la fuerza por parte de una potencia mundial contra una nación soberana, bajo cualquier pretexto, fue calificado por estas instituciones como un «acto moralmente reprobable».
La reacción del CMI y la CMIR no fue meramente retórica. Ambas organizaciones activaron sus redes de ayuda humanitaria y sus canales diplomáticos de «vía dos» (diplomacia religiosa) para intentar abrir espacios de comunicación.
El CMI solicitó una reunión urgente con representantes de la ONU para discutir la protección de civiles y el establecimiento de corredores humanitarios.
Por su parte, la CMIR informó que trabaja estrechamente con sus consejos regionales en América latina para documentar las violaciones a los derechos humanos que puedan derivarse de los ataques en Venezuela.
«Nuestras iglesias en Venezuela nos informan del miedo y la angustia que reina en las calles. Nuestra respuesta debe ser de acompañamiento pastoral, pero también de denuncia política», afirmó la CMIR.
El CMI concluyó su declaración con un pedido: «Rogamos al Dios de la vida que guíe a los líderes de las naciones hacia el camino de la paz, y que el pueblo de Venezuela encuentre en la solidaridad internacional la fuerza para resistir la violencia».
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