Ante la preocupación de partidos políticos y de la Justicia argentina sobre posibles acciones sucias en la campaña electoral con vistas a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto y las elecciones nacionales del 27 de octubre, WhatsApp adoptó una serie de medidas con las que apunta respetar la privacidad de los usuarios y combatir la difusión de «fake news».
Con la expansión del acceso a Internet y el traspaso del debate político hacia plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y aplicaciones de mensajería instantánea, en los últimos año se multiplicaron en todo el mundo los casos de rumores diseminados para impulsar unas candidaturas y perjudicar a otras.
Por ejemplo, en la campaña electoral de 2018 en Brasil hubo casos de calumnias que involucraron acusaciones groseras. como pedofilia, incesto, tortura, corrupción y hasta homicidio, que alcanzaron a candidatos.
En el caso de WhatsApp, se trata de una herramienta a la cual el oficialismo considera fundamental y estratégica para su propaganda con vistas a los comicios.
La difusión electoral de Juntos por el Cambio busca aprovechar la mayor conectividad debida al avance de las redes de comunicaciones móviles de cuarta generación (4G), la fibra óptica y los cambios en los consumos culturales.
La conectividad de cuarta generación llega al 90% de la población (lo que no quiere decir que esos habitantes se conecten efectivamente a esa tecnología, porque para ello deben tener celulares compatibles) y el popular mensajero está en, al menos, el 76% de los teléfonos móviles argentinos, según una encuesta de la Corporación Latinobarómetro difundida en marzo.
A partir de este nuevo panorama, los teléfonos móviles son más importantes que los televisores.
Pero el riesgo de contaminación del canal digital es mucho mayor que en la pantalla grande, por causa de las «fakes news» y las publicidades falsas de candidatos.
¿Por qué WhatsApp? Según datos que manejan en la Jefatura de Gabinete, el usuario argentino pasa el equivalente a tres meses por año en ese entorno.
¿Quiénes utilizan esta app en la campaña electoral del oficialismo? Voluntarios y militantes que se encargan de distribución de contenidos, como videos breves para compartir.
La mayoría de los mensajes son fotos y videos de obras realizadas en los tres años y medio de gestión del presidente Mauricio Macri, y también recuerdan la «herencia recibida».
El mensajero concentra la preocupación política y judicial porque es la plataforma de comunicación más utilizada en la Argentina, es individual y está fuera del alcance directo de los partidos políticos, los tribunales y los medios.
Al contrario que Google, Facebook o Twitter, la aplicación no tiene responsabilidad sobre los contenidos.
Mientras esos gigantes tecnológicos tienen canales para recibir denuncias sobre contenidos inapropiados, ilegales o violentos, y utilizan tecnologías para combatir en forma automatizada esas publicaciones, el sistema de mensajería instantánea funciona con una lógica similar a la del correo electrónico.
El 90% de las conversaciones ocurren entre dos personas. Se trata de una comunicación que está encriptada y, por lo tanto, no se puede analizar su contenido.
Al recibir el mensaje falso de algún contacto, el receptor tiende a no prestar atención ni reparos y acepta la comunicación asumiéndola como «información».
Existe una iniciativa privada, llamada Reverso, impulsada por un consorcio de medios (entre ellos, iProfesional, el diario digital donde trabajo), empresas tecnológicas y organizaciones no gubernamentales (ONG) que desde el 11 de junio chequean información de manera conjunta.
Reverso ya actuó en un caso: un video de un tren con 100 vagones del Belgrano Cargas, una de las joyas de la propaganda oficialista, que iba supuestamente de Salta a Santa Fe y que circuló en las redes como una muestra de los logros del Gobierno.
Ese video fue grabado en California, Estados Unidos, según determinó la alianza de medios y ONG.
Puedes leer más sobre este tema en la nota que publiqué en iProfesional aquí.