Alejandro Prince, politólogo, economista y profesor en las universidades Tecnológica Nacional (UTN), de Buenos Aires (UBA), San Andrés (Udesa) y de San Martín (Unsam), analizó, a partir de un cuestionario que me respondió por correo electrónico el reciente decreto presidencial que declara como servicio público a la telefonía móvil, Internet y la TV paga.
«El decreto es al menos sorpresivo, inconsulto y probablemente ineficaz y hasta contraproducente en sus fines declarados, salvo el congelamiento, que ya estaba bastante negociado con el sector», afirmó.
«En medio de esta incertidumbre general provocada por la pandemia, y la profunda crisis económica, el decreto no suma confianza, menos para las empresas del sector, y esto normalmente significa menos inversiones, menos planes proactivos de crecimiento, y mas gasto de plata y tiempo en abogados y negociaciones defensivas.
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