La libertad de prensa atraviesa en la Argentina uno de sus momentos más críticos desde el retorno de la democracia. El presidente Javier Milei y su gobierno despliegan una ofensiva inédita contra periodistas y los medios de comunicación, que generó un repudio transversal de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y entidades internacionales.
Desde su asunción, el 10 de diciembre de 2023, Milei convirtió el ataque a la prensa en una política de Estado. Los episodios de hostigamiento no son hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática que incluye:
- Estigmatización.
- Amenazas públicas.
- Utilización de «trolls» (usuarios que publican mensajes provocativos, ofensivos o fuera de contexto) y «patotas digitales».
- Desmantelamiento de medios públicos de comunicación.
- Restricciones al acceso a la información.
- Uso discrecional de la pauta oficial de publicidad como herramienta de presión.
El propio Presidente protagoniza a diario en las últimas semanas agresiones verbales y campañas de descrédito. En una de sus declaraciones más recientes, Milei afirmó: “En realidad los periodistas son históricamente las prostitutas de los políticos. Si odiás al político, al periodista odiálo más, porque en realidad es el que cobra el sobre para hacer la tarea que el político no hace”.
En muchas ocasiones, sostuvo que “la gente no los odia lo suficiente” y calificó a trabajadores de prensa como “sicarios con credencial de supuestos periodistas”.
Estas expresiones no sólo se replican en redes sociales y medios afines al oficialismo, sino que se traducen en acciones concretas: demandas judiciales contra periodistas críticos como Ari Lijalad, Carlos Pagni y Viviana Canosa, presentadas en los tribunales federales porteños por supuestas “calumnias e injurias”. La judicialización de la labor periodística busca intimidar y silenciar voces disidentes.
Repudio a la agresión contra Pablo Grillo en medio de escalada de violencia estatal contra la prensa
Repudio de los sindicatos de prensa a los ataques de Milei
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaron: “Atacar a la prensa es grave, peligroso y antidemocrático”. Además, anticiparon que continuarán con la presentación de “denuncias locales e internacionales, acciones gremiales y políticas para ejercer el periodismo con libertad”.
El informe “Libertad de expresión en la Argentina 2024”, elaborado por Sipreba y Fatpren junto a la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con respaldo de la Federación Internacional de Periodistas, describe el primer año del gobierno de Milei como un período de “ataque sistemático” a la libertad de expresión.
El documento detalla: “Desde su llegada a la presidencia, los casos de agresión a periodistas protagonizados por el presidente Milei se multiplicaron. El hostigamiento no se limitó a casos aislados ni a expresiones vertidas a través de las redes sociales. El accionar incluye comentarios y citas injuriosas a las cuales le siguen los posteos de trolls o ‘patotas digitales’. Este fenómeno se reveló a lo largo de 2024 como una estrategia desplegada de manera sistemática por el actual gobierno”.
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) también expresó su rechazo, sumándose al reclamo de cese de hostilidades y respeto a la labor periodística.
Monitoreo de Fopea: cifras alarmantes
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) presentó su informe anual del año 2024, en el marco del día mundial de la libertad de prensa, que revela cifras alarmantes: se registraron 179 agresiones a periodistas durante el año pasado, lo que representa un incremento del 53% respecto al año anterior.
“Fue el segundo año con mayor cantidad de casos desde que Fopea realiza este monitoreo, solo superado por 2013”, advierte el documento.
Lo más preocupante, según Fopea, es que “el poder político argentino fue el principal responsable de las agresiones contra periodistas durante 2024, representando el 52,5 por ciento de los 179 ataques detectados en todo el país”.
El informe del monitoreo de libertad de expresión de Fopea también destaca el rol de los “trolls organizados” y la violencia estatal o paraestatal, que representan el 80% de las agresiones.
Repudios de organismos de derechos humanos y en el Congreso
La Mesa de Organismos de Derechos Humanos, que agrupa a entidades históricas como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora y el centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), emitió un comunicado conjunto en el que repudió “la sistemática campaña de descrédito, intimidación y persecución de la actividad periodística por parte del Presidente de la Nación y su equipo de comunicación, utilizando la investidura y recursos públicos contra columnistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación”.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional señaló en reiteradas oportunidades que “la estigmatización y persecución judicial de periodistas críticos constituye una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información de la sociedad”. Y advirtió que el clima de hostilidad promovido desde el Ejecutivo “puede derivar en autocensura, debilitando la democracia y la rendición de cuentas”.
En el Congreso de la Nación, los diputados de Unión por la Patria que integran la comisión de Libertad de Expresión presentaron un proyecto de repudio ante la escalada de ataques.
El texto sostiene: “Expresar su enérgico repudio a la sistemática campaña de descrédito, intimidación y persecución de la actividad periodística por parte del Presidente de la Nación y su equipo de comunicación, utilizando la investidura y recursos públicos contra columnistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación”.
Restricciones inéditas a la prensa en el Congreso ordenadas por el Gobierno nacional
El impacto sobre la libertad de expresión y la democracia
La escalada de ataques a la prensa tiene consecuencias directas sobre la calidad democrática. El retroceso de Argentina en el ranking internacional de libertad de prensa es un síntoma preocupante.
La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras advirtió sobre el “combo desplegado desde Casa Rosada”, que incluye estigmatización, vaciamiento de medios públicos y uso de la pauta oficial como arma política.
El informe de Sipreba y Fatpren alerta sobre una “creciente restricción al acceso a información pública”, la represión a trabajadores de prensa durante coberturas de movilizaciones y el ataque a empresas periodísticas. Todo esto configura un escenario de “ataque sistemático” que pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a estar informada.
En su monitoreo, Fopea advirtió que “la libertad de expresión es vital para la democracia” y que “la libertad de prensa, una de sus formas, refiere a la circulación de información periodística que hace posible la crítica al poder”.
La defensa de la libertad de expresión y del periodismo es hoy una causa urgente para los sectores democráticos. Como sostuvieron Sipreba y Fatpren: “Atacar a la prensa es grave, peligroso y antidemocrático”, y como advirtió Fopea, “el riesgo crece”.
Como enseña la historia argentina, cuando se ataca a la prensa y a sus trabajadores, lo que está en juego es la propia democracia.
Si te gustó o sirvió algo que publiqué, te ofrezco dos alternativas para agradecer y permitir la continuidad de mi trabajo en Bahía César:
Te invito a suscribirte gratis al boletín semanal de Bahía César para recibirlo en tu correo electrónico. Ingresa tu e-mail aquí.
